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📚 SCJN valida que alumnos pasen de año aunque falten y reprueben… porque la asistencia ya es opcional, al parecer

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió avalar el modelo de evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que elimina el requisito del 80% de asistencia para acreditar el ciclo escolar y permite que estudiantes de secundaria pasen de grado incluso con hasta cuatro materias reprobadas.

Sí, leíste bien: en el nuevo esquema educativo, faltar a clases ya no es obstáculo… y reprobar tampoco es necesariamente un problema.

La resolución fue respaldada por el Pleno de la Corte, dentro del análisis de un amparo promovido por un colegio privado que cuestionaba estas medidas por considerarlas una “flexibilización excesiva” de los criterios académicos.

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres, quien defendió la constitucionalidad del modelo bajo el argumento de que la educación no puede medirse únicamente con listas de asistencia o calificaciones numéricas, sino de forma más integral.

En términos prácticos, el acuerdo establece que:

* Se elimina el requisito del 80% de asistencia.
* La calificación mínima para aprobar es 6.
* En secundaria, los alumnos pueden pasar de grado aun con materias reprobadas, con mecanismos de regularización.

Mientras algunos celebran el enfoque como una medida para evitar la deserción escolar, otros consideran que el sistema está convirtiendo la evaluación académica en algo cada vez más… “flexible”.

Porque claro, en un país donde la exigencia educativa siempre ha sido tema delicado, ahora el reto no es aprobar… sino simplemente aparecer en el sistema.

Impugnaciones y señalamientos de desvios y nepotismo agravan conflicto en el Ejido Juan Sarabia

Por Jorge Arguelles / Espacio Ciudadano

Chetumal.- El conflicto interno en el Ejido Juan Sarabia volvió a escalar tras una nueva audiencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, en Chetumal, derivada de las impugnaciones promovidas por ejidatarios que exigen rendición de cuentas sobre los recursos obtenidos por la extracción de materiales para la obra del Tren Maya. A la par de las denuncias por presuntos desvíos, ahora se suman señalamientos de nepotismo en la integración de la mesa directiva.

De acuerdo con los inconformes, la audiencia reciente responde a las impugnaciones interpuestas por varios ejidatarios luego de que solicitaran transparencia en el manejo de los recursos. Según expusieron, tras exigir cuentas claras, la dirigencia promovió la elección de una nueva mesa directiva en la que aseguran se colocó a familiares directos en cargos clave.

“Se hizo una elección de la mesa directiva y el hermano pone al hermano, la prima como tesorera”, señalaron los denunciantes, quienes consideran que esta integración compromete la imparcialidad en la administración de los fondos y refuerza la percepción de que el control del ejido se mantiene dentro de un mismo grupo familiar.

El trasfondo del conflicto sigue siendo el destino de más de 600 millones de pesos que, según los datos expuestos por los ejidatarios inconformes, habrían ingresado a las cuentas del ejido por la explotación de un banco de materiales utilizado en las obras federales. Con un padrón superior a los 500 integrantes, estiman que cada ejidatario debió recibir alrededor de un millón de pesos; sin embargo, sostienen que únicamente percibieron cerca de 250 mil pesos por persona.

La polarización ha derivado en reuniones tensas y en la necesidad de resguardo policial en algunas diligencias del Tribunal Agrario, ante el riesgo de confrontaciones entre los grupos que respaldan a cada facción. Mientras tanto, los procesos legales continúan prolongándose en medio de acusaciones de represalias, presiones y despojo de derechos dentro del núcleo agrario.

El enfrentamiento tiene como protagonistas al comisariado ejidal, Leonel Cantú, señalado también en antecedentes como Lauro Cantú y al ingeniero Rodolfo Valle Villaseñor, ex dirigente y miembro del núcleo agrario, quien ha cuestionado públicamente la actuación de la actual directiva.

Valle asegura que su postura crítica y la exigencia de transparencia han derivado en represalias, mientras que desde el otro bloque se le atribuyen supuestas malas prácticas que, según sus defensores, no han sido demostradas y forman parte de un ataque directo a su persona.

Para los promoventes de las impugnaciones, el punto central no es político sino financiero: conocer con precisión cuánto pagó la autoridad federal por los materiales extraídos y cómo se distribuyeron esos recursos entre los ejidatarios.

Confían en que el Tribunal Unitario Agrario actúe con imparcialidad y resuelva conforme a derecho un conflicto que combina fuertes intereses económicos, disputas de poder y un creciente clima de desconfianza al interior del Ejido Juan Sarabia.