PIP Isabela

La Junta nos quiere pobres para siempre.

La importancia de proteger la Zona Cársica ¡Comparte!

La Ley 161 de 2009 es clara. El Artículo 2.2 establece que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) es una Secretaría Auxiliar adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y que su dirección recae en un Secretario Auxiliar nombrado por el Secretario del DDEC.

Por lo tanto, el nombramiento de Norberto Almodóvar en enero de 2025 no le correspondía a Jenniffer González Colón. Del mismo modo, tampoco le correspondía a La Fortaleza ni al Secretario de la Gobernación recibir una renuncia, ordenar o ejecutar su destitución. Esa facultad recae sobre el Secretario del DDEC.

Lo preocupante aquí no es únicamente la salida del licenciado Almodóvar. Es el precedente institucional que aparenta reflejarse. El Secretario de la Gobernación no puede operar como jefe de agencia paralelo ni sustituir las facultades legales de los secretarios constitucionalmente responsables de dirigir sus dependencias.

Quien responde ante los tribunales, ante terceros y ante el país por las actuaciones de una agencia es el secretario correspondiente. Esa responsabilidad no puede divorciarse de la autoridad legal que la acompaña.

Sí, desde La Fortaleza pueden surgir instrucciones, presiones o directrices políticas. Pero ningún funcionario está obligado a ejecutar órdenes que excedan los límites legales o administrativos de quien las emite. Cuando las diferencias son irreconciliables, el camino correcto y digno siempre ha sido la renuncia, no la subordinación automática al poder político.

La institucionalidad no puede convertirse en un accesorio desechable del gobierno de turno.

Contratistas generales advierten que proyecto de permisos podría viabilizar expropiaciones El presidente de la Asociación de Contratistas Generales cuestionó también la inversión y el tiempo que tomaría implementar la medida propuesta por la gobernadora

Difiero profundamente de las posturas y decisiones que ha asumido la gobernadora de Puerto Rico. Considero que su manejo de asuntos relacionados con la planificación, el desarrollo, los derechos humanos y la defensa del interés público ha sido deficiente y deja mucho que desear. Mi desacuerdo político y profesional con ella es absoluto.

Pero precisamente por eso, creo importante establecer límites claros.

No me interesa participar, promover ni amplificar ataques sobre su apariencia física, su imagen, insinuaciones sobre su vida privada o intimidades personales. La crítica pública debe concentrarse en las decisiones, políticas y consecuencias de quienes ejercen poder, no en aspectos personales que nada aportan a la discusión del país.

Mi relación con la gobernadora existe exclusivamente en el ámbito de lo público y profesional. Fuera de eso, no tengo interés en alimentar dinámicas de degradación personal dentro de esta plataforma.