Alerta Informativa

Tapas diarios deportivos, sábado 30 mayo 26

Portadas principales diarios de la capital, sábado 30 mayo 26

Tapas diarios deportivos, viernes 29 mayo 26

Portadas principales diarios de la capital, viernes 29 mayo 26

Luz Pacheco renunció a la Presidencia del Tribunal Constitucional

Aunque dejó la Presidencia del TC, la abogada Luz Pacheco se mantendrá como magistrada.

La magistrada Luz Pacheco reveló a RPP que ha renunciado al cargo de presidenta del Tribunal Constitucional (TC).

Pacheco Zerga, en el cargo desde septiembre de 2024, evitó revelar a RPP los motivos de su renuncia.

Aunque dejó la presidencia del TC, Luz Pacheco seguirá siendo parte del organismo, que está compuesto por siete magistrados.

Helder Domínguez asumirá la Presidencia del TC

El expresidente del TC, Óscar Urviola, detalló que le corresponderá al vicepresidente Helder Domínguez asumir la presidencia del colegiado hasta concluir el período 2024-2026.

“La señora Luz Pacheco ya estaba por completar el segundo año y me parece que terminaba antes del primer día hábil de diciembre. Estos meses que faltan, asume la presidencia el vicepresidente…”, explicó.

Posteriormente, los magistrados, en un pleno y a través de una votación secreta, deberán escoger a su nuevo presidente y vicepresidente.

Para la elección, en primera votación, se requieren no menos de cinco votos. Si no se alcanzan, se procede a una segunda votación, en la que resulta elegido quien obtiene mayor número de votos.

En caso de empate se efectúa una última votación. Si el empate se repite, se elige al de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, al de mayor antigüedad en la colegiación profesional.

Cabe precisar que el cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años y solo puede reelegirse por un año más, según establece su Ley Orgánica.

Tapas diarios deportivos, miércoles 27 Mayo 26

Portadas principales diarios de la capital, miércoles 27 mayo 26

Elecciones 2026: Contraloría halló "responsabilidad" en 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades en la primera vuelta electoral

Informe de la Contraloría General de la República dio cuenta sobre un presunto favorecimiento indebido al proveedor del servicio de transporte y la afectación al derecho de sufragio de 55 261 electores.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad (Piero Corvetto), en una "serie de irregularidades" que afectó directamente el ejercicio democrático de 55 261 electores de Lima Metropolitana" durante la primera vuelta de las elecciones generales, desarrollada el pasado 12 de abril.

En un informe de control, el organismo señaló que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral solicitaron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y al sufragio. Asimismo, precisó que los términos de referencia no establecían una cuantificación real de los vehículos necesarios para el traslado de dicho material y equipos.

"A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19", detalló.

¿Favorecimiento?

La Contraloría refirió que la aplicación de un criterio que reducía en dos metros la longitud de los vehículos permitió detectar que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis unidades presentadas por el postor ganador. Esto derivó en la asignación de un puntaje indebido a dicha empresa, pese a que su propuesta económica superaba en S/469 404.09 a la del postor que, según correspondía, debía obtener la buena pro.

El informe concluyó que estas irregularidades afectaron el adecuado funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral, al favorecer indebidamente al consorcio adjudicado. Además, se advirtió que la empresa ejecutó el servicio principalmente con vehículos de terceros: utilizó 437 unidades alquiladas (92 % del total) y apenas 40 vehículos propios (8 %). Según el documento, esta situación fue consecuencia del accionar irregular de los evaluadores encargados de la etapa de selección.

De igual forma, se identificó presuntas irregularidades en la actuación del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes, pese a conocer que se requerían al menos 68 vehículos propios y un total de hasta 400 unidades, no actualizaron el requerimiento. Aun así, se elaboraron los términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para ejecutar el servicio de transporte hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

Otro hecho observado por la Contraloría involucra a funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral, quienes solicitaron y autorizaron el traslado de equipos informáticos utilizados en la jornada de capacitación del 5 de abril de 2026 para destinarlos como contingencia al proceso de las elecciones.

Derecho al voto vulnerado

Según el informe, esta medida se ejecutó sin realizar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos ni formular observaciones sobre los riesgos que implicaba la decisión. De esta manera, se permitió el repliegue y la entrega tardía de los equipos, pese a que los funcionarios tenían conocimiento del impacto que ello generaría en el cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).

"Estos mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios que involucraban a 2 453 791 electores, consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales", indicó.

Como consecuencia, el material electoral y los equipos informáticos fueron distribuidos fuera de plazo en 3605 mesas de sufragio. De ese total, 187 mesas no llegaron a instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho al sufragio de 55 261 electores, así como la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte destinado a su despliegue.

Asimismo, el órgano de control determinó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron entre el 7 y el 9 de abril de 2026 prestaciones adicionales por S/650 205.94 vinculadas al contrato de transporte de material y equipos informáticos electorales, cuyo monto original ascendía a S/6 368 332.75.

Según el informe, dichas prestaciones fueron aprobadas sin contar con el sustento técnico ni legal que acreditara su carácter indispensable para cumplir la finalidad pública del contrato. Entre las modificaciones se incluyó el incremento de rutas, la incorporación de unidades vehiculares de contingencia y el aumento del precio unitario para el repliegue de 5441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de Lurín.

Tapas diarios deportivos, martes 26 mayo 26

Portadas principales diarios de la capital, martes 26 mayo 26

Debate técnico: las estrategias de Juntos por el Perú y Fuerza Popular para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo

En el debate técnico, Pedro Francke, representante de Juntos por el Perú, y Luis Carranza, de Fuerza Popular, presentaron sus planes estratégicos para reactivar la economía peruana.

A menos de dos semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó la noche de este domingo un debate técnico entre los equipos de los dos partidos que pasaron al balotaje, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El evento se llevó a cabo en el local institucional del citado ente electoral, en el distrito de Jesús María, provincia de Lima.

La jornada busca que los expertos de ambas agrupaciones expongan sus planes de gobierno. En este segmento, Pedro Francke, de Juntos por el Perú, y Luis Carranza, de Fuerza Popular, presentaron sus principales propuestas en materia de economía y generación de empleo.

Pedro Francke (Juntos por el Perú)

El economista explicó que el Perú cuenta con las condiciones para crecer económicamente a un tasa del 6 %. "Tenemos excelentes precios de los metales y una fuerza emprendedora y trabajadora que es increíble", dijo.

Asimismo, propuso eliminar "trámites absurdos" y la corrupción de pequeños funcionarios. Al mismo tiempo, sostuvo que promoverán la inversión privada y criticó el "caos fiscal" creada por la bancada de Fuerza Popular. "Vamos a respetar las metas del déficit fiscal que se han establecido, porque eso es fundamental en nuestro país", remarcó.

Aseguró que respetarán la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y mantendrán a Julio Velarde en su puesto, negando cualquier intención de estatización. "No habrá estatizaciones como nos quieren mentir acá, ninguna... respetaremos los contratos y tendremos una política macroeconómica de estabilidad", expresó.

En su intervención, Francke también propuso retomar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para reducir el costo de la gasolina.

Luis Carranza (Fuerza Popular)

El economista sostuvo que el plan de gobierno del partido Fuerza Popular se estructura en tres pilares: "orden económico, capitalismo popular y orden social". En ese sentido, aseguró que respetarán la autonomía del BCR y regresar al equilibrio fiscal.

Explicó que su enfoque consiste en "apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas dándoles créditos con garantías de nuestro Banco de Desarrollo, no créditos subsidiados del Estado".

En lo que se refiere a inversión e Infraestructura, propuso destrabar grandes proyectos de infraestructura y fomentar la inversión privada para la creación de empleo.

Para combatir la informalidad, Carranza planteó "incentivos tributarios para la formalización de las empresas".

Además, criticó la idea de subir el salario mínimo, argumentando que esto empuja a las pequeñas empresas hacia la informalidad.

En el ámbito social, destacó la mejora en la calidad de salud y educación, además de avanzar hacia una "pensión mínima universal con Pensión 65".