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Simulación sindical en Baja California: cuestionan legitimidad de la “confederación” “CATEM” encabezada por Paty Sosa

Semanario ABC/Tijuana, B.C. — Crece la preocupación entre trabajadores y observadores del ámbito laboral ante lo que se considera una simulación sindical en Baja California, encabezada por Patricia Sosa Castellanos, quien se presenta como dirigente de una supuesta “confederación” sin contar con el respaldo legal ni el reconocimiento oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Aunque Sosa ha sido reconocida por su trayectoria sindical en una verdadera confederación como CTM y por ser la primera mujer en liderar la “Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México” (CATEM) en el estado desde 2021, voces críticas señalan que la organización que encabeza no opera como una confederación formalmente registrada, sino como un sindicato nacional que ha adoptado el nombre de confederación sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.

La controversia se intensifica con la convocatoria que Sosa ha lanzado para su “toma de protesta” este 12 de septiembre a las 12:00 p.m. en el Auditorio de los Zonkis, donde asegura que estarán presentes el diputado Pedro Haces Barba, líder nacional de CATEM, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, agremiados denuncian que no existe una base real de miembros de CATEM en Baja California, por lo que Sosa estaría recurriendo a operadores políticos para movilizar acarreados, incluso solicitando apoyo a miembros de la CTM para llenar el evento.

Además, se ha señalado que la gobernadora estaría participando en actos sin otorgar la “toma de nota”, documento oficial que valida jurídicamente a los dirigentes sindicales. Sin este reconocimiento, cualquier ceremonia de protesta carece de sustento legal y podría interpretarse como una estrategia de legitimación política sin respaldo institucional.

Las acusaciones de extorsión, manipulación de recursos y simulación de representatividad han encendido alertas entre trabajadores, quienes exigen mayor transparencia y respeto a los procesos sindicales establecidos por la reforma laboral. La situación pone en entredicho el compromiso con un sindicalismo auténtico y moderno, y plantea serias dudas sobre el papel de las autoridades en eventos que podrían estar más orientados al espectáculo político que a la defensa de los derechos laborales.