Colima Es

¿UN PIE EN LA CÁRCEL?

En una semana, en el diario capitalino El Financiero el periodista Alejo Sánchez Cano dedicó cuatro de sus columnas Desde San Lázaro al gobernador de Colima: ‘Ignacio Peralta, con un pie en la cárcel’ (9 de agosto de 2021); ‘Colima sangriento y un gobernador corrupto’ (10 de agosto); ‘Alerta en Palacio Nacional por la crisis en Colima’ (11 de agosto) y ‘La estafa maestra de Peralta en Colima’ (13 de agosto).
En una entrega anterior de Estación Sufragio reseñamos las dos primeras colaboraciones de la tanda que Sánchez Cano dedica al gobierno de Colima, en el marco de la declarada quiebra financiera que llevó a Peralta Sánchez a no pagar la quincena a burócratas y maestros afiliados a la sección 39 del SNTE. En esta segunda parte, repasaremos los comentarios de las siguientes dos columnas de Desde San Lázaro.
Las piezas periodísticas de Sánchez Cano resultan interesantes porque revelan cómo la administración Peralta está en la mira de la llamada prensa de referencia, lo que anticipa varios escenarios políticos: en uno de los cuales no se descarta que Peralta termine sujeto a un proceso judicial que serviría, fundamentalmente, como escarmiento para todos aquellos gobernadores que se negaron a escuchar el llamado a la austeridad, la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su arribo al poder.

NO PERDIERON POR CASUALIDAD

En ‘Alerta en Palacio Nacional por la crisis en Colima’ (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2021/08/11/alerta-en-palacio-nacional-por-la-crisis-en-colima/), Sánchez Cano afirma que la administración de José Ignacio Peralta Sánchez “ha sido el ejemplo más representativo de cómo llevar a un gobierno a la quiebra en poco menos de seis años, merced a proseguir con el endeudamiento creciente que hicieron sus antecesores, sin medir el impacto en las finanzas públicas y sus consecuencias en la falta de liquidez para cubrir el gasto corriente como el pago de sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del estado”.
El columnista no duda al aseverar que “Peralta intentó chantajear al presidente López Obrador, en su más reciente visita a la entidad, al mentirle sobre las razones de la insolvencia que impiden pagar los sueldos de la burocracia del estado”. Para “justificar su negligencia”, agrega, Nacho trató de hacerle creer al jefe del Ejecutivo federal que en sus manos “está el destino de miles de trabajadores colimenses”.
Sin embargo, celebra Sánchez Cano, el presidente de México no cede “ante este tipo de chantajes y menos aún cuando estos son consecuencia de actos en los cuales se sospecha corrupción”. El desvió ilícito de recursos públicos es el “estigma que cargará Peralta como una pesada losa sobre sus hombros”. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación tiene bien documentadas las observaciones realizadas por este órgano revisor contra Peralta, las cuales rondan los 5 mil millones de pesos.
Para el columnista de El Financiero, “no fue casualidad la derrota sufrida por el PRI en los pasados comicios del 6 de junio”. La alternancia política en la entidad es, además de un severo revés para Peralta, un hecho inédito luego que el tricolor “conservó el poder en todos los comicios celebrados con anterioridad”.

EL ZOOLÓGICO ENTERO

Indira Vizcaíno recibirá “un gobierno en quiebra y endeudado con vencimientos en el muy corto plazo, del orden de la tercera parte” de los 6 mil 22 millones de pesos que suman la deuda pública, “de los cuales más de 2 mil millones tienen que pagarse casi de inmediato”. La gobernadora electa no ganó la rifa del tigre sino el zoológico entero, comenta Sánchez Cano.
“Tan sólo en el año 2020, el gobierno del estado de Colima contrajo deuda pública con bancos por el orden de mil 950 millones de pesos; esto, de acuerdo al Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda (actualizado a junio de 2021). De esta cantidad, las obligaciones a corto plazo suman mil 210 millones de pesos; mientras que las de largo plazo alcanzan 740 millones de pesos.”
Y el único crédito publicitado para enfrentar el Covid-19, contra lo que diga Peralta, “fue uno de corto plazo otorgado por HSBC el 23 marzo de 2020 de 100 millones de pesos, con los que se asegura que se adquirió equipo médico de protección, un tomógrafo y respiradores”.
Para el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, “la insolvencia financiera que enfrenta el gobierno del estado es sólo una confirmación de las irregularidades administrativas que han sido señaladas constantemente por ellos y que la crisis administrativa refleja al menos una pésima planeación, una gran falta de orden administrativo y genera sospechas fundadas de manejo discrecional de los recursos públicos y de posibles actos de corrupción”.
La cuenta pública refleja una realidad que no se corresponde con el panorama económico. “El titular del Ejecutivo sostuvo que durante 2020 su gobierno recaudó menos recursos de los esperados; sin embargo, hubo un crecimiento en los ingresos estatales por el orden de 1.3 por ciento comparado con 2019, según un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión. Y si se revisan las aportaciones y participaciones federales, el CEFP establece que Colima dejó de recibir aproximadamente 250 millones de pesos por estos conceptos en 2020. Esta contracción de 250 millones de pesos no es una cifra comparable con los mil 210 millones de pesos que requirió a corto plazo a distintos bancos. La diferencia revela el tamaño de las irregularidades y el desorden financiero del actual gobierno estatal”, concluye Sánchez Cano.

LA ESTAFA MAESTRA

En ‘La estafa maestra de Peralta en Colima’ (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2021/08/13/la-estafa-maestra-de-peralta-en-colima/) se plasman los “varios asuntos abiertos y un cúmulo de observaciones de la cuenta pública 2020”, por parte de la ASF que dejará Peralta al concluir su encargo el próximo 31 de octubre.
A ello hay que sumarle las demandas por incumplimiento de pago que preparan “varios de los proveedores del gobierno de Colima, así como una serie de investigaciones que escudriñan las cuentas bancarias personales de varios personajes que se prestaron a encubrir diversas operaciones de compraventa que se hicieron durante su administración y que siguen en la mayor secrecía”. Con base en esas pesquisas, asegura el reportero, las autoridades federales están listas para implementar carpetas de investigación que pronto se judicializarán.
En la lista de notables de la política que son cómplices del gobernador Peralta, figuran jerarcas incrustados en la cúpula nacional del PRI. La relación de “amistad entrañable” que prevalece entre Nacho y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, trasciende el nivel de “compañeros de jarras” al tema de “los negocios”.
“De igual manera, la relación por intereses creados del mandatario estatal de Colima con algunos miembros de la jerarquía del PVEM, es de sobra conocida y […] pasa por el manejo discrecional de algunos permisos que tienen que ver con el Puerto de Manzanillo y claro, por el suministro de diversos insumos al sector de salud, en estos tiempos de pandemia”, asegura Sánchez Cano.
Tras prometer revelar “algunos pormenores y nombres de las investigaciones que hacen autoridades federales”, el columnista adelanta que “tan solo es cuestión de tiempo” que emerja “la punta del iceberg de la enorme corrupción que ha prevalecido en la administración” de JIPS.
Desde San Lázaro reconoce que, si bien, “las participaciones de la Federación hacia [nuestra] entidad se han dado en tiempo y forma”, ciertamente se redujeron en 150 millones de pesos y, “para resarcir esos recursos, Peralta contrató deuda por un monto superior a los mil millones de pesos y aún con eso, no tiene para pagar la nómina”.

FLUIDOS Y GRANELES

En la primera parte de una serie de colaboraciones sobre el tema, Sánchez Cano asegura que el puerto de Manzanillo ha estado desde hace años en la mira de los auditores por la sospecha de “una red de corrupción entre las autoridades portuarias, además de que también se ha vuelto blanco de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado para poder recibir y transportar droga y armas”.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de la 4T confirmó esas sospechas de corrupción con una investigación que dejó al descubierto “una red en la que se otorgaban la venta y contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su Consejo de Administración, y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto”.
El Universal publicó en su momento que la investigación, entregada el pasado mes de diciembre, “confirmó la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018”.
“Se encontraron tanto inconsistencias como incumplimiento y omisiones durante la gestión del ex director de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.”
La ASF confirmó que Noval Nicolau “firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con la empresa Logística de Fluidos y Graneles, que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos; además, otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa”.
Una investigación del Órgano Interno de Control de la API Manzanillo detectó que Ovidio Noval, junto con Ricardo Martínez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de puertos de la SCT, formalizaron el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, bajo el contrato APIMAN01-035/18 registrado el 27 de agosto de ese año, “a pesar de que la empresa no contaba con permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales”.
Tampoco “presentó la acreditación de contar con recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba a su nombre, no presentó título de concesión de la zona federal marítimo terrestre y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental”, cita el columnista.
Y menciona que Nora Alba Borrego Balleza, actual titular del Área de Quejas del OIC en esa misma API, había señalado desde el 15 de octubre de 2018, mediante el oficio OIC 09/179/363/2018, que “hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (…) debiendo ser revocado dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos”.
El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga y descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel, agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse, resume Sánchez Cano.
En la prometida continuación de ese reporte, el autor de Desde San Lázaro probablemente expondrá cómo ese contrato vincula a los familiares del gobernador Peralta con los negocios inherentes al nuevo puerto de Cuyutlán.

Atención, personas de 30 años y más, así como mujeres embarazadas que recibieron la primera dosis de anti Pfizer el 30 de junio ó 1 de julio en el municipio de :

El 9 y 10 de agosto se aplicará la de este biológico, por lo que te pedimos acudir al mismo lugar donde recibiste la primera dosis, conforme se indica en el recuadro anexo.

No olvides llevar tu comprobante de y una identificación oficial con fotografía.

Sólo se aplicará de a las personas vacunadas en las fechas referidas.

Atención, personas de 30 años y más, así como mujeres embarazadas que recibieron la primera dosis de anti Pfizer el 30 de junio ó 1 de julio en el municipio de :

El 9 y 10 de agosto se aplicará la SEGUNDA DOSIS de este biológico, por lo que te pedimos acudir al mismo lugar donde recibiste la primera dosis, conforme se indica en el recuadro anexo.

No olvides llevar tu comprobante de y una identificación oficial con fotografía.

Sólo se aplicará de a las personas vacunadas en las fechas referidas.

Atención, personas de 30 años y más, así como mujeres embarazadas que recibieron la primera dosis de vacuna anti Pfizer el 2 ó 3 de julio en el municipio de Cuauhtémoc:

El 11 y 12 de agosto se aplicará la SEGUNDA DOSIS de este biológico, por lo que te pedimos acudir al mismo lugar donde recibiste la primera dosis, conforme se indica en el recuadro anexo.

No olvides llevar tu comprobante de vacunación y una identificación oficial con fotografía.

Sólo se aplicará SEGUNDA DOSIS de Pfizer a las personas vacunadas en las fechas referidas.

CDHEC inicia expediente contra Nacho Peralta por impagos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) abrió una queja de oficio en contra del gobernador Ignacio Peralta por el impago a más de 11 mil trabajadores del estado debido a la crisis financiera de su administración. "Suspender el pago del sueldo de las y los trabajadores se traduce en una trasgresión no solo por la ausencia de esa justa retribución, sino en una violación a la dignidad humana, ante la falta de sustento para satisfacer sus necesidades básicas, tanto las personales, como las de la familia, en el orden alimentario, salud, educación y vivienda digna", señaló en un pronunciamiento el organismo, afectado también por la falta de pago a sus trabajadores.

En tanto el mandatario estatal sigue en la Ciudad de México tratando de gestionar recursos extraordinarios para la entidad, pues ha señalado que es la única opción para poder salir de este problema. "Ayer continué con las gestiones ante el gobierno federal para obtener los recursos que nos permitan cumplir con el pago de nómina de trabajadores de Gobierno del Estado. Todas las alternativas las estamos explorando y todas las puertas las estamos tocando. Agradezco a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su tiempo y respaldo. Confío en que pronto habrá buenas noticias", escribió el mandatario en sus redes sociales la mañana de este jueves. Han pasado seis días desde que Peralta Sánchez informó sobre la imposibilidad de pagar sueldos a los trabajadores del estado, cumplir con las pensiones y jubilaciones, y transferir fondos a los organismos autónomos, descentralizados y a los otros Poderes del estado.

Por ahora el Congreso ha logrado cubrir la nómina de sus empleados gracias a ahorros propios, sin embargo, la diputada Remedios Olvera, presidenta de la mesa directiva, señaló que esos recursos sólo alcanzarían para cubrir la nómina hasta el mes de agosto. En tanto, los trabajadores del Poder Judicial, al igual que los del resto de la administración estatal, dejaron de percibir la última quincena de julio. En la Universidad de Colima, el rector Christian Torres hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma ante la falta de pago.

El mandatario estatal está citado a comparecer ante el pleno del Congreso local este viernes junto con el exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega, y la actual titular de la dependencia, Marina Nieto, para explicar a detalle la situación de las finanzas estatales y las opciones que se tienen para resolver el problema. Según lo informado por el mandatario hasta ahora, durante los primeros siete meses del año se priorizó el pago de mil millones de pesos por créditos adquiridos a corto plazo, pero el 50% de esos recursos no se encontraban programados en el Presupuesto de Egresos 2021, lo que comprometió las finanzas del estado.

Esta tarde llegaron a la entidad 29 mil 800 dosis de vacuna anti AstraZeneca.

En la recepción estuvieron presentes la Coordinadora Estatal de la Brigada Correcaminos, Cristina Torres; la Delegada de Programas para el Desarrollo en , Ma. Guadalupe Solís, y la Coordinadora de Vacunación de la SSyBS de Gobierno del Estado, Irela Zamora.

En Colima continúa la vacunación anti conforme al Plan Nacional establecido.

En Manzanillo se vacunó el glorioso Hombre Araña

CAMPO CUATRO: “LA MALA NOTICIA DE JIPS”

Cuando parecía que la semana terminaría con las noticias sobre los acuerdos entre los mandatarios electos de Guerrero, Evelyn Salgado, Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y Colima, Indira Vizcaíno –los tres postulados por Morena–, y los preparativos para la consulta popular del domingo 1º de agosto, el gobernador Ignacio Peralta se robó la escena política local informando, el jueves 29, que no estaba en condiciones de pagar la segunda quincena de julio.

No pagará lo correspondiente a salarios de trabajadores ni pensiones a jubilados, como tampoco enviará recursos a instituciones públicas descentralizadas ni a órganos autónomos para el pago de nómina, por lo menos hasta el martes 3 de agosto cuando Peralta Sánchez espera reunirse con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Bromeaban los servidores públicos que se manifestaron frente a Casa de Gobierno a la mañana siguiente: Nacho aprovechó para hacer su anuncio que la burocracia y los maestros al servicio del gobierno estatal estaban distraídos con el partido de futbol entre México y Canadá. Ya en serio, es probable que el cálculo para el control de daños haya contemplado que la mitad de los trabajadores están de vacaciones, lo cual reduce la capacidad de movilización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE).

Los agremiados en la sección 39ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tuvieron algo más que una asamblea informativa: el viernes bloquearon el libramiento carretero Ejército Nacional y anunciaron el cierre de la autopista, a la vez que hicieron pintas en los medallones de sus vehículos con leyendas como “Quiero mi quincena, ya” o “Exijo el pago de mi salario”.

El enojo de burócratas y maestros, de sus familiares directos y de todos aquellos colimenses que entienden que, al no cubrirse la quincena, la falta de circulante repercutirá en el comercio y los servicios, especialmente, en la zona metropolitana capitalina donde se concentran los trabajadores del gobierno estatal, no debe distraernos del fondo del asunto: la responsabilidad es de Nacho, de ninguna manera de López Obrador y mucho menos de Indira Vizcaíno.

EL PEOR GOBERNADOR

Esta situación exhibe la incapacidad de JIPS como administrador público. Ha resultado el peor gobernante de la historia de Colima, no obstante que nos lo vendieron como un gran economista formado en las mejores universidades del país y el extranjero, con experiencia en el Banco de México, la Secretaría de Fomento Económico, el Ayuntamiento de Colima y la Subsecretaría de Comunicaciones en SCT.

En 2015, cuando aún se celebraba la visión única del neoliberalismo, nos presentaron a Nacho como un tecnócrata puro, cercano al grupo compacto del presidente Enrique Peña Nieto y cuyas relaciones de amistad con Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, le permitirían acceder a recursos extraordinarios para paliar el déficit que le heredó Mario Anguiano.

Nada de eso ocurrió. Peralta resultó un perfecto espécimen de la corrupta clase política expulsada del poder a nivel nacional en 2018. Actúo no como un estadista visionario, sino en función de una lógica de corrupción.

Por lo demás, es verdad que el barco cuyo timón recibió en 2016 después del interinato por la anulación de los comicios ordinarios, ya hacía aguas en términos financieros desde varios sexenios atrás. Nacho es el último eslabón de una serie de gobiernos corruptos, pero el suyo también lo es y, acaso, el más corrupto de todos los gobernadores que ha tenido Colima es él.

Dejar de pagar la nómina es la comprobación de que el pueblo no se equivocó al votar por el cambio, es decir, contra la continuación de un régimen que se quitó la máscara neoliberal con la alianza PRI-PAN. Con mayor razón, al darse una verdadera alternancia en Colima debe haber una auditoría a profundidad en las cuentas públicas de JIPS, vinculando las irregularidades con la larga cadena de corrupción que viene de varios sexenios atrás, para que nunca se repitan estas tropelías.

Esta crisis no se dio en 2015 porque, aun cuando Mario Anguiano se la jugó con el panista Jorge Luis Preciado, el cambio de gobierno se dio entre cuadros de diferentes corrientes, sí, pero del mismo partido y que compartían la misma subcultura de la corrupción. Aparte, en esa coyuntura los gobernadores todavía podían heredar la deuda de corto plazo. El problema es que, ahora, con el triunfo electoral de Indira Vizcaíno se modificaron los escenarios de la sucesión, y los prestamistas exigieron el pago total de la deuda.

Eso ocurre, en parte, porque a partir de 2017 está en la Ley de Disciplina Financiera la obligación de los estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión del periodo de gobierno. Pero también porque no hay garantía de que Indira quiera seguir pagando a los financiadores, lo mismo banqueros formales que usureros operadores de fondos privados, muchos de ellos exfuncionarios del gabinete de Peña que se han dedicado a hacer negocios prestando dinero a rédito a gobernadores amigos, quienes presumiblemente se llevaron una comisión en la maroma.

LA HISTORIA DE CADA SEXENIO

En este juego, los burócratas y los maestros están sirviendo como carne de cañón. La estrategia propagandística del gobierno saliente es endosarle la responsabilidad al presidente de México, con el argumento de que López Obrador ha venido disminuyendo sistemáticamente las participaciones a los estados.

Sin embargo, hasta el líder de la burocracia estatal, Martín Flores, ha dicho que no cree que el gobierno de Peralta no tenga dinero y, en todo caso, atribuye la insolvencia a una mala planeación presupuestal, complicada –agregaríamos nosotros– por la grave irresponsabilidad financiera del gabinete económico.

Resulta increíble que no tengan para pagar siquiera a algunas dependencias, por lo menos a los trabajadores sindicalizados. Pagaron a los policías por el temor de los funcionarios de alto nivel a quedarse sin seguridad personal.

Suspender pagos a los servidores públicos, retrasar la nómina, retener prestaciones, recortar sueldos a empleados de confianza y dejarlos sin aguinaldo, ordenar despidos masivos sin liquidación, es la misma estrategia que utilizaron otros gobiernos salientes (el de Silverio Cavazos y el de Mario Anguiano) para presionar la aprobación de nuevos créditos.

Hace seis años jugaron con la amenaza de suspender la remuneración del personal, para hacer presión pública y lograr la intervención del gobierno federal. En ese entonces se trataba de destrabar la oposición a ampliar la deuda pública con el préstamo que solicitó Anguiano Moreno, y que fue ejercido por el interino Ramón Pérez Díaz con el evidente propósito de financiar la campaña extraordinaria de Nacho Peralta. Esto dicho por el propio Mario, luego que el Congreso le impusiera una multa por alrededor de 500 millones de pesos como sanción por el ejercicio indebido de ese mismo crédito.

Ahora se recurre a la misma estratagema, pero con el objetivo de presionar políticamente la aprobación en el Congreso de la iniciativa para enajenar bienes inmuebles del estado. Con eso, dicen como si fuera en automático, se van a poner al corriente las aportaciones patronales al fondo de pensiones. ¿Y no será, más bien, que ya está apalabrada la venta del estacionamiento Constitución y el rancho Buenos Aires a montos muy inferiores a su valor real?

LE ECHAN LA CULPA A MORENA

El gobernador salió a dar una explicación a los trabajadores afectados, pero debió dirigirla a toda la población. Nacho tiene que desglosar montos y conceptos exactos, no generalidades, para responder a una pregunta elemental: ¿qué hizo con el dinero?, ¿en qué gastó el recurso que tenía presupuestado? A nadie convence el argumento de que tuvo egresos extraordinarios por la pandemia.

La ley no exige que el Congreso apruebe los créditos a corto plazo, pero como no se han transparentado ni siquiera sabemos si era necesario contratar dichos préstamos. Quizá sólo se ejercieron para beneficiar a fiadores y bancos, dado que la operación preveía una ganancia para la institución crediticia y un moche para los funcionarios que firmaron.

En el ballet acuático del que participan columnistas y medios oficiales se muestra como una tradición que el gobierno federal rescate a los estados con problemas de caja. Pero la administración de López Obrador no lo va a hacer, a menos que Nacho explique qué hizo el dinero.

El crédito de 740 millones de pesos cuya aprobación terminó de desarticular a la mayoría cuatroteísta en el Congreso, ni siquiera se usó para lo que lo aprobaron: el inconcluso Palacio de Gobierno o el C-5i todavía no equipado. En el colmo, los integrantes del nado sincronizado quieren endilgar a los diputados de Morena –algunos de los cuales fueron hasta golpeados en el empeño de la policía estatal por impedirles el paso al recinto alterno– la responsabilidad por haber aprobado el crédito.

Si bien es cierto que siempre los estados han buscado un adelanto de participaciones, nunca fue tan prematuro: apenas terminó el séptimo mes del año. Suponiendo sin conceder que el presupuesto 2020 ya aprobado se utilizó en la pandemia, falta revisar si no hubo desvíos de recursos. La emergencia sanitaria no le impide a Nacho detallar a qué empresarios se les condonaron impuestos o a qué sectores productivos les dieron apoyos fiscales directos. Un sondeo entre la iniciativa privada mostraría que los emprendedores no recibieron ni la solidaridad del gobierno estatal.

Peralta no reconvirtió hospitales, no compró ventiladores mecánicos, no gastó en pruebas rápidas ni adquirió vacunas. Nacho prometió que iba a comprar termómetros, pero en general sus funcionarios se quedaron con las ganas de hacer negocio con los insumos médicos para el covid, porque el gobierno de AMLO lo obstaculizó al controlar la adquisición de vacunas y medicamentos o al no permitir el uso de pruebas rápidas cuya eficacia siempre se cuestionó.

Lo que derrumba el argumento de Nacho es que, en la 4T, pese a los estragos presupuestales que causó la pandemia no han solicitado créditos. Además, se mantuvieron los programas sociales y los apoyos a empresarios en un espectro muy amplio.

Lo más cuestionable es que si los funcionarios de Peralta estaban viendo que la crisis del covid los iba a obligar a gastar más, ¿por qué no se redujeron el sueldo?, ¿por qué no renunciaron a los gastos superfluos? Toda teoría de la administración señala que, antes que dejar de pagar nómina, debes recortar otras cuentas.

Aquí no hubo austeridad, no hubo ajuste al gasto corriente. Al contrario, se incrementó el presupuesto en publicidad oficial insertada en los impresos y otros medios radiofónicos y digitales afines, sin que esta inversión se viera reflejada en campañas de salud o de protección civil.

CIRCO DE VARIAS PISTAS:

La insolvencia era un escenario previsto, que anticipamos en esta columna desde que se dio la salida de Kristian Meiners de la Secretaría de Administración y de Carlos Noriega de la cartera de Finanzas.

Nacho se hace la víctima, pero nadie le cree cuando él ha sido el principal victimario de la sociedad colimense. Los niveles de inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento económico, la negativa de apoyos al sector productivo y social, el abandono al turismo, son algunos de los muchos agravios de su gobierno al pueblo de Colima. Todo lo que mañosamente le señala al gobierno federal, es lo que él dejó de hacer como mandatario. Pareciera que le está hablando a un espejo.

Por lo demás, el cálculo político fue erróneo. Se metió a la Alianza Federalista pensando que entre todos iban a doblegar a López Obrador, como en su tiempo la Conago se impuso a Vicente Fox. Y cuando vemos a varios de los gobernadores federalistas en la lista de los que tienen más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como entre los que han anunciado que no pagarán la quincena, se entiende cómo la Alianza sólo pretendía trasladar a la 4T sus responsabilidades administrativas.

En Colima, están jugando en varias pistas para la contención de la crisis política en la que derivará esta crisis financiera. Los burócratas culpan también a AMLO y a Indira de lo que sólo es responsabilidad de Nacho. Y en la dirigencia del SNTE 39, Heriberto Valladares quiere enfocar sus baterías contra el gobierno de la república. ¿Por qué, si el problema es local, el magisterio hizo su manifestación en una vía federal?

En realidad, la sección sindical permitió que el adeudo con los maestros del estado llegara a esta situación, al tolerar la suspensión de la atención médica particular, el cierre de la farmacia y la negación de préstamos personales. No es verosímil semejante acto de rebeldía después de tanta sumisión por parte de la 39. Toda su actitud anterior, delataba un arreglo entre Valladares y Peralta. Como ya le pagaron, ¿expiró el pacto de no agresión?

Los agremiados de ambos sindicatos van a cuestionar a sus dirigencias porque sospechan que hubo un acuerdo que permitió que el quebranto llegara a este extremo. Por suerte para los líderes, luchar por el salario los legitima y, de paso, los pone en posibilidad de sentarse a negociar con Indira Vizcaíno.