Machala FM

El hermano del presidente del Gobierno de España, David Sánchez, enfrenta un juicio por presuntamente haber recibido trato favorable para obtener un cargo público en la provincia de Badajoz. El proceso judicial inició este 28 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 10 de junio, en medio de una creciente presión política sobre el oficialismo español.

La Fiscalía investiga si el puesto de coordinador de conservatorios, posteriormente convertido en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, habría sido creado específicamente para beneficiar a David Sánchez. Por estos hechos, se le acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La defensa asegura que la causa tiene motivaciones políticas y solicitó la anulación del juicio.

El caso se suma a otras investigaciones que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español. En los últimos meses también han sido vinculados a procesos judiciales figuras cercanas al mandatario, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su esposa Begoña Gómez, en una crisis política que golpea al Gobierno español.

La tensión volvió a aumentar entre Estados Unidos e Irán luego de que fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes y bombardean una instalación militar en Bandar Abás, al sur de Irán. Según Washington, las acciones fueron “defensivas” y buscaban proteger la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó ataques contra una base militar estadounidense en el Golfo Pérsico y realizó disparos de advertencia contra embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. La nueva escalada pone en riesgo el frágil alto el fuego vigente desde abril de 2026, tras semanas de enfrentamientos que han dejado miles de mu***os y afectaciones económicas a nivel global.

Mientras tanto, el conflicto también continúa en Líbano, donde el ejército israelí bombardeó posiciones del grupo Hezbolá en el sur del país. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo definitivo siguen avanzando con dificultad, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene en alerta a los mercados internacionales por el impacto en el suministro de crudo.

Un grave incendio ocurrido en un internado femenino de Kenia dejó al menos 16 estudiantes fallecidas y otras 79 hospitalizadas, según confirmaron las autoridades este 28 de mayo de 2026. El siniestro ocurrió durante la madrugada en una escuela ubicada en el condado de Nakuru, a unos 120 kilómetros de Nairobi, mientras las alumnas dormían.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, informó que las causas del incendio aún son investigadas y que el centro educativo permanecerá cerrado mientras avanzan las pesquisas. Equipos de bomberos, la Cruz Roja y miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia trabajaron en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

El presidente William Ruto expresó sus condolencias a las familias afectadas y pidió apoyo para los estudiantes sobrevivientes. La tragedia revive el recuerdo de otros incendios mortales ocurridos en escuelas kenianas en los últimos años, como el de la Academia Hillside Endarasha en 2024 y el de Kyanguli en 2001, que dejaron decenas de fallecidos.

Las elecciones presidenciales de Colombia continúan marcadas por controversias a pocos días de la primera vuelta electoral del 31 de mayo de 2026. Esta vez, las críticas se dirigieron hacia Abelardo de la Espriella luego de que su esposa, Ana Lucía Pineda, afirmara en una entrevista que, si su esposo pierde las elecciones, “no pasa nada” porque ya tienen una vida resuelta fuera del país. Las declaraciones provocaron reacciones negativas tanto en redes sociales como entre figuras políticas.

Los cuestionamientos se enfocan en la contradicción entre esas declaraciones y el discurso patriótico del movimiento político Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella. La candidata presidencial Claudia López y otros sectores criticaron la aparente desconexión del candidato con la realidad de los ciudadanos colombianos, señalando además su estilo de vida entre Miami, Florencia y Barranquilla.

La campaña presidencial colombiana también enfrenta otras polémicas recientes. Entre ellas, comentarios de la senadora indígena Aída Quilcué sobre las universidades del país y declaraciones del político Daniel Briceño sobre el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que generaron fuertes debates públicos en medio de una de las campañas más tensas de los últimos años en Colombia.

Las autoridades de Colombia investigan una serie de enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá en el departamento selvático de Guaviare. Según reportes preliminares, los combates habrían dejado al menos 48 mu***os, aunque las autoridades aún no logran ingresar completamente a la zona para confirmar la cifra oficial.

El Ejército colombiano informó que mantiene presencia militar en sectores rurales de San José del Guaviare para proteger a la población civil y recuperar el control territorial. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, los enfrentamientos estarían relacionados con disputas por narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas manejadas por estos grupos armados ilegales.

La violencia ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia y en medio de una creciente crisis de seguridad en varias regiones del país. Guaviare ha sido históricamente una zona dominada por grupos armados y actividades ilegales, especialmente después de la desmovilización de las FARC en 2016, cuando las disidencias ocuparon gran parte del territorio amazónico.

La Comisión Europea impuso una multa de 200 millones de euros a la plataforma china Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La sanción se convirtió en la más alta aplicada hasta ahora a una empresa tecnológica bajo esta normativa y se debe, principalmente, a la presunta venta de productos ilegales dentro de la plataforma.

La investigación comenzó en 2024, cuando las autoridades europeas analizaron los sistemas de recomendación, el diseño de la aplicación y la gestión de riesgos de Temu. Según la resolución oficial, la empresa no evaluó correctamente los peligros asociados a la comercialización de artículos ilegales y tampoco tomó medidas suficientes para proteger a los consumidores europeos frente a estos riesgos.

Tras conocerse la sanción, Temu aseguró que no está de acuerdo con la decisión y calificó la multa como desproporcionada. La compañía indicó que analizará las opciones legales disponibles para apelar la resolución. Mientras tanto, la Comisión Europea otorgó plazo hasta agosto de 2026 para que la plataforma presente un nuevo plan que corrija las fallas detectadas en sus sistemas y políticas de control.

Ecuador contará con un amplio despliegue logístico para las elecciones presidenciales de Colombia este domingo 31 de mayo de 2026. En total, se instalarán 68 mesas electorales en distintas ciudades del país, siendo Quito la ciudad con mayor número de recintos habilitados. Solo en la capital funcionarán 29 mesas ubicadas en la Universidad Técnica Particular de Loja.

Las autoridades colombianas y ecuatorianas coordinaron un operativo de seguridad y logística para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. La cónsul general de Colombia en Quito, Paula Perdomo, destacó el apoyo de la Cancillería ecuatoriana y de instituciones como la Policía, agentes de tránsito y bomberos. El objetivo principal es reducir el alto ausentismo registrado en anteriores elecciones presidenciales colombianas en el exterior.

Más de 43.000 ciudadanos colombianos están inscritos para votar en Ecuador, de los cuales cerca de 19.600 corresponden a Quito. Entre los principales candidatos presidenciales figuran Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Las autoridades recordaron que para sufragar es obligatorio presentar la cédula colombiana amarilla con hologramas o la cédula digital vigente.

Estados Unidos anunció que alcanzó un preacuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Aunque el documento todavía debe ser aprobado por el presidente Donald Trump, el posible pacto genera expectativas internacionales debido al impacto económico y político que tendría tras tres meses de guerra en Medio Oriente.

Según reportes de medios estadounidenses, el acuerdo contempla mantener el cese al fuego iniciado en abril y garantizar la libre navegación por el estrecho sin restricciones ni cobro de peajes por parte de Irán. A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo marítimo impuesto a embarcaciones vinculadas con puertos iraníes y también abriría el debate sobre el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos congelados.

El memorando incluiría además el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, aunque las negociaciones sobre el enriquecimiento de uranio quedarían para una fase posterior. Mientras algunos sectores consideran que el avance podría reducir la tensión internacional y estabilizar los precios del petróleo, otros políticos estadounidenses critican las concesiones que Washington estaría dispuesto a aceptar dentro de este proceso diplomático.

La publicación de un nuevo acuerdo ministerial que permitiría actividades de pequeña minería en zonas cercanas al bosque protegido Cerro Azul, en Guayaquil, encendió las alertas de grupos ambientalistas y sectores ciudadanos. Aunque el Gobierno asegura que la normativa busca regular y limitar las concesiones para evitar daños ambientales, la medida volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la reapertura del catastro minero nacional.

El catastro minero, cerrado desde 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno, es la herramienta donde se registran y administran las concesiones mineras del país. Desde entonces, distintos gobiernos han anunciado su reapertura, pero los procesos han sido retrasados por problemas técnicos, falta de transparencia y conflictos sociales relacionados con la actividad minera y las consultas ambientales.

Mientras el sector minero sostiene que reactivar el catastro es clave para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía, ambientalistas y comunidades temen que esto facilite nuevas concesiones en áreas ecológicamente sensibles. El caso de Cerro Azul refleja la tensión entre el impulso económico que busca el Estado y la protección ambiental que exigen varios sectores de la sociedad ecuatoriana.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que hasta marzo de 2026 el empleo registrado en la seguridad social alcanzó los 3,4 millones de trabajadores, reflejando un crecimiento interanual del 2,5%. Esto representa 83.245 empleos más en comparación con el mismo periodo de 2025. El registro incluye a personas que realizan actividades económicas remuneradas y se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social.

El mayor crecimiento se evidenció en el sector privado, donde se contabilizaron 2,3 millones de empleos registrados, con un incremento del 3,9%. En contraste, el sector público presentó una leve reducción del 0,4%, con 644.724 afiliados, situación relacionada con los recortes laborales realizados entre julio y septiembre de 2025. También disminuyó el empleo doméstico, mientras que el Seguro Social Campesino tuvo un ligero aumento.

Por sectores económicos, el área de servicios concentra la mayor cantidad de trabajadores afiliados, seguida por comercio, manufactura y agricultura. Sin embargo, la minería fue la actividad con mayor crecimiento porcentual, alcanzando un aumento del 18,3% en comparación con el año anterior. Además, el informe señala que el 55% de los empleos registrados corresponden a hombres, mientras que las mujeres representan el 45% restante.

El alza del precio del petróleo por la guerra entre Irán y Estados Unidos ha generado mayores ingresos para Ecuador, ya que el barril ecuatoriano pasó de un promedio de USD 57 en febrero a más de USD 85 desde marzo de 2026. Incluso, en algunos días de abril, el crudo Oriente superó los USD 100 por barril. Esto representa un alivio para las finanzas públicas, considerando que el Gobierno había calculado un precio promedio de apenas USD 53,5 para este año.

Sin embargo, expertos señalan que el país no ha podido aprovechar completamente este “boom petrolero” debido a la caída en la producción de Petroecuador. En abril de 2026, la estatal produjo cerca de 356.000 barriles diarios, una reducción del 5% frente al mismo mes del año anterior. A esto se suman problemas estructurales como la falta de inversión, la inestabilidad administrativa y el cierre del ITT, factores que han limitado la capacidad de aumentar la producción nacional.

Además, Ecuador enfrenta mayores gastos por la importación de combustibles, cuyos precios también subieron a causa del conflicto internacional. La situación empeoró tras el incendio de la Refinería Esmeraldas, que redujo la capacidad de refinación del país. Aunque el precio del petróleo ha beneficiado parcialmente a las arcas fiscales, especialistas consideran que los ingresos pudieron ser mucho mayores si Petroecuador hubiera mantenido niveles más altos de producción y eficiencia.