Fuerza Pyme Magallanes.

INFORME CIUDADANO - Auditoría Pública 2025
“El Recurso de Protección es Letra Mu**ta sin un Sistema Moderno de Notificaciones”
Caso Piloto: Recurso de Protección Rol 550-2025 – Corte de Apelaciones de Punta Arenas
I. Introducción
En Chile, el recurso de protección es presentado como una herramienta rápida, eficaz y urgente para resguardar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Sin embargo, el caso piloto Rol 550-2025 de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas demuestra que esta promesa constitucional se paraliza en la práctica por un sistema arcaico de notificaciones judiciales, basado exclusivamente en cartas certificadas enviadas por Correos de Chile.
II. El Problema Detectado
El recurso de protección fue admitido hace más de 30 días.
La Corte ordenó notificar al recurrido mediante carta certificada enviada por Correos de Chile.
El envío no avanzó, quedó detenido con el estado:
“CERR. EN ESPERA DE RECEPCIÓN EN CDR” (centro de distribución).
El retraso impide la notificación del recurrido.
Si el recurrido no es notificado, el recurso no puede avanzar a sentencia.
III. Consecuencia Práctica
El ciudadano queda completamente desprotegido.
El recurso —que constitucionalmente debe ser urgente, preferente y expedito— se transforma en:
Papel mu**to, sin eficacia real,
Dependiente de un sistema de mensajería lento, desactualizado e ineficiente,
Incapaz de responder a la urgencia de conflictos que afectan la seguridad y la integridad personal.
IV. Impacto Institucional
Este caso piloto demuestra un problema estructural:
El acceso a la justicia en Chile está subordinado a un mecanismo de notificación propio del siglo pasado.
La Corte de Apelaciones reconoce que el recurso es urgente, pero no usa herramientas modernas para asegurar que la justicia llegue a tiempo.
No hay georreferenciación, no hay apoyo policial u otra vía, no hay alternativa digital.
Solo una carta.
V. Conclusión
Este caso no es una excepción. Es una señal de alerta para todo el país.
Chile necesita modernizar la notificación judicial y dejar atrás mecanismos que impiden que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protección efectiva.
La Auditoría Pública 2025 invita a la comunidad a observar:
¿Qué valor tiene un recurso de protección si el Estado no puede notificar a tiempo?
Si la justicia no puede siquiera tocar la puerta, no hay justicia.

AUDITORÍA PÚBLICA 2025 – MAGALLANES
La ciudadanía por fin toma la palabra.
Si has vivido:
1- retrasos injustificables,
2 - causas botadas o abandonadas,
3 - fallos que te parecieron arbitrarios,
4 - abandono o maltrato de la Fiscalía,
5 - investigaciones que nunca avanzaron,
6 - trato injusto en tribunales,
7 - pérdida de evidencias,
8 - denuncias que nunca fueron recibidas,
tu testimonio importa y puede cambiarlo todo.
Clasificación Ciudadana de Casos 2025
Cada experiencia que recibamos será sistematizada con la siguiente codificación:
A. Por institución
F1: Fiscalía – No investigar
F2: Fiscalía – Retrasos
F3: Fiscalía – Maltrato / abandono
F4: Fiscalía – Pérdida de evidencias
J1: Juzgado Civil – Fallo arbitrario
J2: Juzgado Civil – Demora injustificada
J3: Juzgado Civil – Prevaricación percibida
P1: Carabineros – No recepción de denuncia
P2: PDI – No seguimiento
O1: Otros organismos
B. Por tipo de daño
D1: Daño patrimonial (pérdida económica)
D2: Daño emocional / psicológico
D3: Daño físico
D4: Daño social / familiar
D5: Daño institucional (pérdida de confianza)
C. Por urgencia
U1 (Alta): riesgo actual, violencia, hostigamiento
U2 (Media): casos activos o con plazos próximos
U3 (Baja): casos antiguos, sin riesgo inmediato
Cada testimonio será codificado así:
Ejemplo: F2 – D1 – U1
Abrimos el proceso de Auditoría Pública 2025 – Magallanes
Es hora de que la ciudadanía evalúe a sus instituciones.
Todo lo que envíes es confidencial y será parte del Informe Ciudadano de Auditoría Pública 2025, el primer informe regional independiente sobre el funcionamiento real de:
- Fiscalía,
- Tribunales,
- Carabineros,
- PDI,
- y otros organismos del Estado.
Envíanos tu experiencia a:
[email protected]
[email protected]
La justicia empieza cuando la ciudadanía habla.
Magallanes merece transparencia.
Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia
Fundación Fuerza Pyme Magallanes

INFORME CIUDADANO SOBRE LA CRISIS DE SEGURIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MAGALLANES

Fundación Fuerza Pyme Magallanes
Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia

I. Una Crisis que Ya No Podemos Ignorar
Magallanes vive hoy uno de sus momentos más críticos: aumento de la delincuencia, violencia importada y un Estado que no protege. Si no actuamos ahora, Punta Arenas se dividirá entre:
- barrios donde viven las familias magallánicas,
- y zonas tomadas por delincuentes algunos extranjeros que no respetan nuestras leyes ni costumbres.
Este informe no es contra los extranjeros, sino contra quienes destruyen nuestra región.

II. Un Ministerio Público que No Investiga
La Fiscalía en Magallanes no está cumpliendo su deber:
- causas detenidas por meses o años,
- víctimas abandonadas,
- falta de transparencia,
- fiscales con altos sueldos pero bajo compromiso social.
Cuando la Fiscalía no investiga, la delincuencia avanza sin freno.

III. Fuerzas Policiales Debilitadas
Carabineros y PDI operan sin dirección clara porque:
- no reciben instrucciones precisas,
- hay descoordinación,
- faltan recursos y liderazgo.
Sin órdenes de Fiscalía, las policías quedan de manos atadas.

IV. Ciudadanía Sin Protección
Hoy muchos vecinos están sin respaldo, sin información y sin acceso real al sistema penal.
Eso no es Estado de Derecho: eso es abandono.

V. Bandas Criminales en Punta Arenas
La violencia ya llegó.
El reciente enfrentamiento armado entre bandas colombianas, venezolanas, haitianas y grupos locales confirma que el crimen organizado está en expansión.

VI. El Estado Está Ausente
No hay acción efectiva de Fiscalía, Carabineros, PDI, Delegación Presidencial ni del Ministerio del Interior.
Donde el Estado no actúa, el crimen ocupa su lugar.

VII. La Ciudadanía Debe Organizarse
Ante el abandono institucional, solo queda organizarnos como comunidad:
No para reemplazar al Estado,
sino para obligarlo a funcionar
y proteger a quienes sí respetan nuestro país.

VIII. El Sistema Ciudadano Ya Está en Operación
A diferencia del Estado, la ciudadanía ya actuó.
La Fundación Fuerza Pyme Magallanes y el Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia han implementado el primer Sistema Ciudadano de Control y Protección, compuesto por:

1. Comité Ciudadano de Supervisión de la Fiscalía
Operativo.
Monitorea causas, controla tiempos y acompaña víctimas.

2. Observatorio de Seguridad Urbana de Magallanes
Activo.
Analiza delitos, bandas y zonas críticas.
Publicará informes periódicos.

3. Canal Ciudadano de Denuncias
Plenamente disponible vía WhatsApp, Facebook y correo.
Recibe denuncias, orienta y hace seguimiento.
Todos nuestros canales están plenamente activos y abiertos a la comunidad.

X. Conclusión
Este informe abre el camino para:
- reformas reales del sistema penal,
- auditorías a la Fiscalía,
- acompañamiento a víctimas,
- y control ciudadano de las instituciones.
Magallanes merece vivir segura.
Nosotros —como Fundación y Movimiento Ciudadano— asumimos la responsabilidad de defender esta región y su gente.

Fuerza Pyme Magallanes y el Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia impulsan proceso de remoción del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas
La Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes, en conjunto con el Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia, encabezados por Ramón Vargas Guerrero, informan que se ha presentado formalmente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas la solicitud de apertura de cuaderno de remoción del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, don Igor Trincado Urra, conforme al artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales.
La presentación fue ingresada el 12 de noviembre de 2025 bajo el número de ingreso 5-129604722-2025, dentro de la causa Rol Contencioso-Administrativo N° 29-2025 “Vargas con Trincado”, donde se denuncia la omisión y el retardo injustificado en la tramitación de inscripciones prediales visadas por la Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas.
Paralelamente, la Fundación y el Movimiento Ciudadano interpusieron el reclamo administrativo Folio E149565/Año 2025 ante la Contraloría General de la República, solicitando una investigación administrativa por infracción a los principios de legalidad, probidad y eficacia administrativa establecidos en las leyes N.º 18.575 y N.º 19.880.
“Con esta solicitud de apertura de cuaderno de remoción culminamos la primera fase de una estrategia integral que une las vías judicial y administrativa en defensa de la fe pública registral. La ciudadanía organizada está demostrando que puede fiscalizar, denunciar y exigir responsabilidades, incluso en las más altas funciones del Estado”, señaló Ramón Vargas Guerrero, presidente de la Fundación y vocero del Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia.
Estas acciones coordinadas marcan un precedente en la defensa ciudadana contra la omisión institucional, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la Región de Magallanes.

A LA CORTE SUPREMA: DENUNCIAMOS ELITISMO PROCESAL EN PUNTA ARENAS
La Fundación Fuerza Pyme interpone Recurso de Queja por denegación de tutela judicial efectiva ante la Corte Suprema de Justicia.
contacto: [email protected]
La Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes informa que ha ingresado ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Queja en contra de los ministros integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por falta o abuso grave en la tramitación y resolución de una acción constitucional de protección (Rol 454-2025).
El recurso denuncia omisiones procesales y resoluciones sin motivación suficiente, las cuales, en los hechos, constituyen una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Chile.
La acción fue presentada en el marco de un proceso de autodefensa judicial ciudadana, conforme al artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, como parte del trabajo que la Fundación impulsa para democratizar el acceso a la justicia y visibilizar las barreras estructurales del sistema judicial.
“La justicia chilena no puede seguir siendo un privilegio técnico reservado a quienes pueden pagar patrocinio. Lo que hoy denunciamos es la falta de motivación y transparencia en las decisiones judiciales, lo que lesiona la confianza pública en el sistema”, señaló Ramón Vargas Guerrero, presidente de la Fundación.
La Fundación hace un llamado a la ciudadanía y a los medios regionales y nacionales a acompañar este debate sobre acceso a la justicia y modernización institucional, reiterando que no se cuestiona la función jurisdiccional, sino el elitismo procesal que margina a los ciudadanos sin recursos.
Para consultas y copias de los antecedentes:
[email protected]
Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes

¡La Laguna Pudeto - Cerro de la Cruz ya es Humedal Urbano Protegido !
Punta Arenas, octubre de 2025.
La comunidad de Punta Arenas recibe una excelente noticia: el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Resolución Exenta N.º 7.114, ha reconocido oficialmente el Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro de la Cruz, con una superficie de 4,42 hectáreas dentro del límite urbano de nuestra ciudad.

¿Qué significa esto?
Desde ahora, este espacio natural queda protegido por ley, según la Ley N.º 21.202 de Humedales Urbanos.
Esto implica que no se pueden rellenar, drenar ni construir obras que afecten su ecosistema sin autorización ambiental.
La Municipalidad deberá incluirlo en su planificación urbana y las comunidades podrán participar en su conservación.

Un ecosistema valioso
El humedal fue reconocido por su:
• Espejo de agua permanente.
• Vegetación típica de zonas húmedas.
• Suelos naturales de retención hídrica.
• Importante función ecológica: regula el agua, alberga fauna local y limpia el aire.
El Ministerio también identificó amenazas como la basura, los rellenos y la presión inmobiliaria, por lo que este reconocimiento es clave para su protección futura.

Participación ciudadana
Vecinos y organizaciones locales aportaron antecedentes y observaciones durante el proceso de reconocimiento, demostrando que la comunidad sí puede incidir en las decisiones ambientales cuando hay participación informada y activa.

COMUNICADO DE PRENSA
Fuerza Pyme Magallanes solicita pronunciamiento a la Contraloría General por Decreto de Expropiación del Club Hípico de Punta Arenas
Punta Arenas, 21 de octubre de 2025.
La Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes, siempre atenta al quehacer regional y comprometida con la defensa del emprendimiento y el desarrollo sustentable, informó que ha presentado formalmente ante la Contraloría General de la República una solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad y oportunidad del Decreto Exento N.º 27/2024, dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el programa de expropiación del terreno del Club Hípico de Punta Arenas, ubicado en Avenida Bulnes 601.
La presentación, ingresada el 20 de octubre de 2025, cuestiona la ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos suficientes que acrediten una utilidad pública actual y concreta, señalando que la expropiación se basa en una expectativa futura y no en un proyecto de ejecución inmediata, con cronograma y financiamiento asegurados.
Asimismo, se advierte que el predio afectado se encuentra bajo una condición de “congelamiento urbanístico”, lo que limita su uso sin que exista claridad sobre el destino real o la proporcionalidad de la medida estatal.
“El Estado no puede invocar causas de utilidad pública sin demostrar su necesidad real y presente. Expropiar sin proyecto definido y sin urgencia es atentar contra la certeza jurídica y el desarrollo equilibrado de la Región de Magallanes”, declaró Ramón Vargas Guerrero, presidente de la Fundación Fuerza Pyme.
En virtud de ello, la Fundación solicitó al Contralor General, Sra. Dorothy Pérez Gutiérrez, verificar si el acto administrativo cumple los requisitos constitucionales y legales exigidos por el artículo 19 N.º 24 de la Constitución, el D.L. 2.186 (Ley General de Expropiaciones) y la Ley N.º 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.
Finalmente, la Fundación reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses de la comunidad regional, subrayando que la planificación urbana y el desarrollo habitacional deben responder a criterios de equidad, transparencia y legalidad, respetando tanto el derecho de propiedad como el interés público.

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Punta Arenas, octubre de 2025
La Fundación Fuerza Pyme Magallanes presentó una denuncia internacional contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿El motivo?
En Chile hoy, los ciudadanos comunes no pueden defenderse solos ante los tribunales, porque la ley exige tener un abogado, incluso cuando no hay dinero para pagarlo.
Esto significa que la justicia dejó de ser un derecho y se convirtió en un negocio.
Miles de personas quedan sin poder responder una demanda o presentar su defensa simplemente por falta de recursos o porque viven en zonas donde no hay abogados disponibles.
Desde Magallanes, la Fundación Fuerza Pyme decidió decir “basta” y dar un paso histórico: llevar el caso de todos los ciudadanos excluidos ante la justicia internacional.
La denuncia pide que Chile devuelva a la gente el derecho a hablar directamente con los jueces, sin intermediarios, y que el sistema judicial deje de discriminar por dinero o por profesión.
“Nadie debería tener que pagar para defender su verdad.
La justicia pertenece al pueblo, no a un grupo cerrado de profesionales”,
afirmó Ramón Vargas Guerrero, presidente de la Fundación.
La acción busca que la CIDH ordene al Estado chileno cambiar la ley que eliminó la autodefensa judicial y que se reconozca el derecho de todo ciudadano a participar activamente en sus causas, especialmente en regiones apartadas como Magallanes.
La Fundación Fuerza Pyme Magallanes y el Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia llaman a todos los chilenos a informarse, compartir y apoyar este reclamo, que no es solo legal, sino también moral y democrático.
Porque defenderse por uno mismo es un derecho humano,
y porque sin justicia accesible no hay verdadera democracia.

MANIFIESTO CIUDADANO
“LOS RECEPTORES JUDICIALES: UNA ILEGALIDAD CIUDADANA EN EL CHILE DEL SIGLO XXI”
El Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia, junto a la Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes, denuncia ante la opinión pública una práctica arcaica y abusiva del sistema judicial chileno: la existencia y funcionamiento de los llamados receptores judiciales, una figura que hoy representa una ilegalidad ciudadana y una afrenta directa al derecho de acceso igualitario a la justicia.
LA JUSTICIA HECHA NEGOCIO
En pleno siglo XXI, mientras el Estado habla de digitalización y derechos, los tribunales obligan a los ciudadanos a pagar por ser notificados.
Un receptor judicial “un particular con poder público” cobra tarifas impuestas sin control, transformando cada notificación en un peaje económico que separa a los poderosos de los humildes.
¿Desde cuándo la justicia se cobra por delivery?

UN PODER JUDICIAL SIN CONTROL
El Poder Judicial ha convertido esta función en un monopolio interno, donde los mismos jueces que dictan resoluciones designan, controlan y protegen a los receptores.
No existe fiscalización ciudadana ni transparencia sobre cuánto cobran, a quién notifican ni cuántas veces fallan.
El ciudadano común no puede fiscalizar ni defenderse frente a los abusos.
Así, se perpetúa una red cerrada, una estructura feudal dentro del Estado, donde el poder se multiplica entre los mismos.

EL DERECHO CIUDADANO A LA JUSTICIA DIGNA
Notificar una demanda no puede ser un privilegio de pago ni un acto delegado a particulares.
La Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva.
Por tanto, todo chileno debiera poder ser notificado gratuita y electrónicamente, sin intermediarios, sin cobros y sin corrupción.
El actual sistema viola el principio de igualdad ante la ley y el acceso universal a la justicia.

LLAMADO A LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN
Desde Magallanes, levantamos la voz por todos los chilenos y chilenas que han sido humillados por un sistema judicial que ya no los representa.
Exigimos el fin del sistema de receptores judiciales y su reemplazo por un sistema público, digital, transparente y gratuito de notificaciones ciudadanas.
Ha llegado la hora de decir basta.
La justicia no es un negocio. Es un derecho.

Movimiento Ciudadano por la Dignidad y la Justicia
Fundación de Gestión Social Fuerza Pyme Magallanes
(Punta Arenas, octubre de 2025)