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03/10/2026
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*_Asamblea Legislativa elige a José Armando Urioste Viera como nuevo fiscal general del Estado_*
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió a José Armando Urioste Viera como nuevo fiscal general del Estado interino, después de una maratónica jornada que se extendió hasta las primeras horas de este sábado. Las cinco primeras votaciones no lograron los dos tercios necesarios para definir al titular entre Gonzalo Flores Céspedes, Julio Ariel Coronado y William Herrera Áñez.
Pasadas las 06:00, la sesión se reinstaló y se propuso a Urioste Viera como único candidato para la votación por signo. La propuesta obtuvo los dos tercios de respaldo y fue aprobada por la Asamblea. La elección se produjo después de que Flores Céspedes y Herrera Áñez no consiguieran alcanzar la votación requerida en las anteriores rondas.
Urioste Viera ejercerá el cargo de fiscal general del Estado interino durante 90 días. En ese periodo, la ALP deberá continuar con el proceso establecido para elegir al titular del Ministerio Público por un periodo de seis años.
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03/10/2026
02/10/2026
*_IMPUTAN A MARIACA, ZEBALLOS, IRUSTA Y APARICIO, PIDEN DETENCIÓN EN SAN PEDRO Y PATACAMAYA_*
_El Ministerio Público presentó este viernes la imputación formal contra Róger Mariaca Montenegro, Alberto Zeballos Flores, Rubén Aparicio Villarruel y Martín Irusta Flores, dentro de una investigación iniciada de oficio por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal._
Según el documento, la Fiscalía atribuye provisionalmente a los cuatro imputados la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, tipificado en el artículo 48, con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley 1008, además de organización criminal, prevista en el artículo 132 bis del Código Penal.
Los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia solicitaron al juez la detención preventiva de los cuatro imputados por seis meses, argumentando la existencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización.
El Ministerio Público sostiene que aún existen actos investigativos pendientes y señala que la detención preventiva sería necesaria para garantizar el sometimiento de los imputados al proceso, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley.
La Fiscalía pidió que Mariaca y Zeballos sean enviados al recinto penitenciario de San Pedro, mientras que Rubén Aparicio y Martín Irusta sean recluidos en Patacamaya, ambos en el departamento de La Paz.
El documento también señala que los cuatro imputados se encuentran en calidad de aprehendidos y solicita al juez fijar día y hora para la audiencia de medidas cautelares de carácter personal.
BOLIVIA 02_OCTUBRE_2026
02/10/2026
Mariaca, recibió más de Bs 2 millones en diferentes depósitos en caso ítem fantasma, la UIF lo investigó,
el caso no prosperó
Por: El Deber
La UIF descubre “extraños movimientos financieros” del fiscal en ítems fantasmas
La noticia se difundió el Domingo, 19 de marzo de 2023 a las 23:15 por El Deber.
La UIF descubre “extraños movimientos financieros” del fiscal Roger Mariaca en ítems fantasmas
Una colegiala hija de un funcionario estadístico de la Alcaldía abría cuentas bancarias. Los depósitos estaban a nombre del fiscal Mariaca y la adolescente declaró que el dinero para gastos de sus estudios le pertenecía a la autoridad
Un informe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), da cuenta de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) emitió dos Informes Rápidos de Inteligencia (IRI) y dos Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) que involucran a 17 personas. Una de ellas es el fiscal departamental Róger Rider Mariaca Montenegro.
La pesquisa se enmarca en el caso Ítems Fantasmas del municipio cruceño, por el que está presa la ex alcaldesa Angélica Sosa y otros exfuncionarios.
Los informes de inteligencia de la Unidad de Investigación Financiera registran al fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Rider Mariaca Montenegro, entre las 17 personas envueltas en operaciones financieras sospechosas.
Los documentos forman parte de las diligencias acumuladas en las investigaciones del caso ‘ítems fantasmas’ que tiene como principales acusados a Angélica Sosa, Antonio Parada Vaca y otros altos exfuncionarios de la Alcaldía. Sin embargo, los informes no fueron conocidos, tampoco se convocó a prestar declaraciones al fiscal Mariaca, pese a que los agentes investigadores lo pidieron de manera formal, en el marco de las pesquisas abiertas por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.
El primero de diciembre de 2021 estalla el caso por la creación de 800 ítems fantasmas en el municipio cruceño, denunciado por Valeria Rodríguez Paz, contra su ex esposo Antonio Parada Vaca, “Tony Parada”.
La mujer acusó a su expareja de haber conformado una red que cobraba mensualmente 800 ítems fantasmas que eran repartidos entre los que manejaban la Alcaldía. Valeria Rodríguez respaldó su denuncia con documentos de transferencias millonarias de lujosas viviendas, vehículos y otros.
La hoja de ruta
Tras la denuncia y conocimiento de los investigadores del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de los informes de inteligencia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se siguió una ruta. Los investigadores pasaron el caso a la fiscal analista Roxana Gonzales Antelo en el edificio central de la Fiscalía.
La fiscal analista hace una valoración y admite la denuncia para que siga su curso por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Sin embargo, el mismo primero de diciembre de 2021 la fiscal analista deriva el caso ante el despacho del fiscal departamental Róger Mariaca. Consta en los actuados que el caso es recibido por la secretaría de despacho el primero de diciembre de 2021 a horas 11:10. Se hace constar que es recibido el informe más un CD.
El fiscal Mariaca le dijo a EL DEBER que el informe nunca llegó a sus manos de manera formal y añadió que no correspondería porque no puede ser juez y parte.
Los indicios
Las diligencias señalan dos informes rápidos de Inteligencia (IRI) y dos Informes de Inteligencia Financiera Patrimonial (IIFP) de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), referidos al fiscal Róger Mariaca.
Señala que: “el analizado registra tres cuentas de ahorro en el sistema de intermediación financiera a nivel nacional, de las mismas se observan las siguientes irregularidades. En una caja de ahorro en moneda nacional de una entidad bancaria se registraron depósitos en efectivo realizados por la persona analizada por un total de Bs 575.000; de los mismos, Bs 214.000 señalan como origen ahorro de honorarios profesionales. Empero, llama la atención que no existe retiros de sus otras cuentas por lo que se desconoce el origen de estos fondos”.
Los informes también señalan que “en la misma cuenta se registran transferencias y depósitos en efectivo dentro del periodo 29/10/2014 al 9/6/2020 por la suma de Bs 411.695 realizados por terceros de quienes se desconoce la relación con el analizado. Del total de fondos recibidos Bs 385.535, señalan como origen préstamo de dinero asuntos legales, pago abogado. Sin embargo, se hace notar que las actividades jurídicas de esta persona estarían inactivas de Impuestos Nacionales desde marzo de 2014”.
Colegiala hija de funcionario
Los informes de inteligencia de la UIF se centran en un hecho que califican “a destacar”. Se registra a una estudiante del sexto de secundaria de un colegio, hija de un funcionario de la Alcaldía en aperturas de cuentas y movimientos económicos conectados con el fiscal Róger Mariaca.
“Un hecho a destacar es la apertura de la caja de ahorros precedentemente mencionada realizada en fecha 2 de junio de 2016 por B.A.E.A., refiriendo ser una estudiante de sexto de secundaria de un colegio, quien solicitó la apertura de la cuenta con el objetivo de que su padre R.E.F., quien trabaja en el Gobierno Municipal de Santa Cruz como estadístico, realice depósitos para sus gastos de estudio.
Sin embargo, no se identifican transacciones por parte del padre de la mencionada. Por el contrario, los depósitos de mayor cuantía fueron efectuados por el señor Róger Rider Mariaca Montenegro, actual fiscal departamental de Santa Cruz, para luego ser transferidos a cuentas del mismo. Es importante precisar que no existe una relación aparente con la señorita B.A.E.A.”
Además, los informes de inteligencia de la UIF registran las transferencias de Bs 210.000, realizadas a la caja de ahorros de una institución financiera, cuya titular es la colegiala B.A.E.A, “señalando como destino para gastos personales universitarios. Asimismo, el analizado (Róger Mariaca), en su condición de usuario, realizó dos depósitos en efectivo de Bs 94. 000 y Bs 120.000 a esta cuenta señalando como destino de fondos ahorros y futuras inversiones, así como pago de vivienda y estudio, respectivamente, desconociéndose el origen de estas últimas transacciones puesto que no fueron registradas de sus cuentas, hecho que constituye una señal de alerta”, dice textualmente el informe.
Se registra en los informes que “luego B.A.E.A. (supuesta beneficiaria), transfirió a la persona analizada (Róger Mariaca), la suma de Bs 411.577, importe equivalente a la sumatoria de los depósitos efectuados por el señor Mariaca en favor de la señorita B.A.E.A. La señorita B.A.E.A. señala que el dinero recibido no es de su propiedad e indica que estos recursos pertenecen al señor Róger Mariaca Montenegro. También declara como destino la compra de material de construcción en domicilio (de la) Urbanización Av. G77, urbanización del analizado. El informe observa que no existe relación aparente entre ambas personas”.
También los informes señalan “que, entre el 2 de mayo de 2020 al 19 de noviembre de 2021, se efectúan 36 transferencias interbancarias realizadas por la cuenta de un banco de la señorita colegiala B.A.E.A. por Bs 40.600 señalando como glosa: ayudando en esta cuarentena. Se desconoce el destino final de los recursos”.
Consultado al respecto, el fiscal Mariaca dice que la joven es su sobrina y su padre es su cuñado, que trabaja como administrativo en la alcaldía desde el año 2016.
Indica que el dinero corresponde a sus ahorros y que después fue utilizado para la construcción de una vivienda donde actualmente vive su madre.
Con relación los movimientos bancarios, el fiscal dijo que la titular es familiar suyo, que ahora es mayor de edad. En ese entonces, la joven se transfería el dinero (lo gastaba) como una travesura sin el conocimiento del fiscal, pero una vez que fue hallada tuvo que devolver el total del dinero.
Conclusiones
En sus conclusiones, los informes de inteligencia de la Unidad de Investigación Financiera señalan: “En este esquema complejo, cabe destacar al final una conducta compleja y extraña de un presunto ocultamiento y/o simulación del origen de recursos. Ello a partir de un depósito de Bs 424.000 que realiza el fiscal departamental de Santa Cruz en la cuenta de una persona particular, que es la hija de un funcionario municipal, quien luego regresa mediante varios depósitos por un total de Bs 411.577 al fiscal departamental Róger Mariaca”.
Todos los informes de las diligencias también llevan la firma del jefe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Felcc mayor, Saúl Yacid Salazar Encinas y de los principales asignados tenientes Hans Oliver Pérez Valero y Álvaro Calani Quisbert.
Róger Mariaca asegura que no tiene nada que ver con el caso de los ítems fantasmas y cree que existieron intereses de algunas autoridades para retirarlo de la Fiscalía y por eso se armaron este tipo de casos, investigándolo incluso antes de que asuma el cargo de fiscal departamental. “Hemos trabajado lo más objetivo que se ha podido (en el caso ítems fantasmas) para tener a estas personas detenidas”.
La investigación por el caso ítems fantasmas alcanzó a más de 40 personas entre ejecutivos y funcionarios subalternos de la Alcaldía. De este número están en Palmasola la ex alcaldesa Angélica Sosa, Javier Cedeño, Julio César Herbas y Guillermo Parada Vaca.
Mariaca aseguró que, en el tiempo que lleva como fiscal, no tiene una denuncia ni un caso abierto en su contra.
La trayectoria del fiscal Roger Mariaca ha estado marcada por cuestionamientos por favorecimiento en casos de gran envergadura. Los casos no prosperan o las denuncias son rechazadas.
Roger Mariaca, actualmente enfrenta una acusación qué no es menor, corrupción significativa, favorecimiento al narcotráfico y protección a grupos violentos.
Portafolio Multimedia
NOTIAMAZONICO
RIBERALTA
0210/2026
*_DIRIGENTES CÍVICOS DE RIBERALTA Y GUAYARAMERÍN EXIGEN MAYOR CUPO DE COMBUSTIBLE Y SOLUCIONES A LA CRISIS ECONÓMICA_*
_Ante las prolongadas filas en los surtidores y el incremento de los productos de la canasta familiar, representantes cívicos anuncian acciones conjuntas y exigen a las autoridades garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en la provincia Vaca Díez._
La falta de combustible, las largas filas en los surtidores y el incremento de los precios de los productos de primera necesidad generan preocupación entre los dirigentes cívicos de la provincia Vaca Díez, quienes anunciaron la coordinación de acciones conjuntas entre Riberalta y Guayaramerín para exigir soluciones a las autoridades nacionales y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Durante una reunión de emergencia en el Comité Cívico, los representantes expresaron su malestar por la falta de respuestas concretas frente a una situación que afecta directamente al transporte público, los mototaxistas, los comerciantes y las familias que dependen del movimiento económico de ambas ciudades.
Los dirigentes cuestionaron la administración del abastecimiento de carburantes en el Distrito Comercial Amazónico de YPFB y exigieron la designación de responsables que garanticen una distribución oportuna. Asimismo, señalaron que durante la gestión de Guillermo Urán, según su percepción, no se registraban problemas de abastecimiento de la misma magnitud.
La preocupación también se centra en la proximidad de la zafra, una actividad que demanda grandes cantidades de diésel y gasolina para el transporte, la producción y el trabajo en el área rural. En ese sentido, los representantes advirtieron que la escasez podría profundizar las dificultades económicas y afectar las fuentes de empleo.
Otro de los puntos abordados fue el incremento de los precios de la canasta familiar, particularmente de productos como el pollo y otros alimentos de primera necesidad que llegan desde Guayaramerín. Los dirigentes cuestionaron las subidas de precios que, según denunciaron, se producen sin una justificación clara y demandaron mayores controles para evitar la especulación.
Asimismo, solicitaron que las negociaciones sobre el abastecimiento de combustible y el costo de los productos básicos no se limiten a reuniones cerradas entre autoridades y dirigentes. Plantearon que las decisiones se discutan en espacios abiertos, como un coliseo, con la participación de la población, a fin de garantizar la transparencia y que las medidas respondan a las necesidades de las familias.
En materia de seguridad y control, los representantes hicieron un llamado al Comando Policial Amazónico y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para reforzar los operativos en los surtidores y prevenir la reventa de carburantes. Consideran necesaria una mayor presencia de funcionarios de la ANH, en coordinación con el Comité Cívico y otras instituciones, para supervisar la distribución y garantizar que el combustible llegue a los usuarios.
Si bien reconocieron que existen personas que acuden reiteradamente a los surtidores para adquirir combustible con fines de reventa, también señalaron que la crisis económica está llevando a muchas familias a buscar alternativas para generar ingresos. Sin embargo, insistieron en que las autoridades deben hacer cumplir las normas y evitar las actividades ilegales, manteniendo el orden y la seguridad en los puntos de abastecimiento.
Los dirigentes recordaron que, en reuniones anteriores con YPFB, se había anunciado un incremento de los cupos de combustible para los surtidores y la llegada de nuevas cisternas, luego de que se resolviera el conflicto relacionado con las tarifas del transporte de carburantes. No obstante, manifestaron que las largas filas continúan y que la población aún espera que esos compromisos se traduzcan en una solución efectiva.
Ante este panorama, el Comité Cívico convocó a una reunión de emergencia para definir nuevas medidas y coordinar una próxima visita a las instalaciones de YPFB, con el propósito de exigir información sobre el abastecimiento y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Los representantes también anunciaron que buscarán reunirse con los dirigentes de Guayaramerín para consolidar un frente conjunto en defensa de los intereses de la provincia Vaca Díez, con énfasis en el abastecimiento de combustible, la estabilidad de los precios, la reactivación económica y la generación de empleo.
Finalmente, los dirigentes remarcaron que la situación no afecta únicamente a los transportistas, sino también a toda la población, debido a que la escasez de carburantes repercute en el costo del transporte, la comercialización de alimentos y las actividades productivas. Por ello, exigieron a las autoridades dejar de lado los viajes y las actividades administrativas que no se traduzcan en resultados concretos y priorizar las gestiones necesarias para atender las demandas de la población amazónica.
Contacto de prensa: 73988025
, parte 1
NOTIAMAZONICO
RIBERALTA
02/10/2026
*_ABOGADOS DE ELVIS CARRASCO EXIGEN CUMPLIR SENTENCIA JUDICIAL Y EJECUTAR MANDAMIENTOS DE DESAPODERAMIENTO_*
_La defensa sostiene que existe una sentencia ejecutoriada sobre dos predios del barrio Litoral de Riberalta y pide a las autoridades competentes garantizar su cumplimiento._
Los abogados Roberto Menchaca y Edson Corrales, representantes legales de Elvis Carrasco, exigieron el cumplimiento de los mandamientos de desapoderamiento emitidos dentro de un proceso judicial por la propiedad de dos terrenos ubicados en el barrio Litoral de Riberalta. Según la defensa, el caso cuenta con una sentencia ejecutoriada que reconoce el derecho propietario de su defendido.
Durante una conferencia de prensa, el abogado Edson Corrales explicó que Carrasco adquirió ambos inmuebles mediante los testimonios N.º 506 y 507, correspondientes a los lotes 7 y 6, respectivamente, en 2021. Posteriormente, inició una acción reivindicatoria ante el Juzgado Tercero Civil de Riberalta, que concluyó con la Sentencia N.º 16/2022, mediante la cual se declaró probada la demanda.
De acuerdo con la versión de los juristas, la parte demandada, identificada como Irene Pinto Marupa, presentó un recurso de apelación que fue rechazado. La defensa señaló que, tras las actuaciones judiciales correspondientes, la resolución adquirió calidad de cosa juzgada, por lo que se emitieron los respectivos mandamientos de desapoderamiento.
Corrales indicó que uno de los mandamientos, correspondiente al lote 6, llegó a ejecutarse inicialmente. Sin embargo, denunció que posteriormente las mismas personas habrían vuelto a ingresar al inmueble, situación que motivó el inicio de una acción penal por presunto incumplimiento de resoluciones judiciales y avasallamiento, actualmente en conocimiento del Ministerio Público.
El jurista remarcó que el derecho a la propiedad privada está reconocido por la Constitución Política del Estado y sostuvo que ninguna persona puede desconocer una resolución judicial por su condición dirigencial o por el respaldo de determinados sectores sociales.
Por su parte, Elvis Carrasco expresó su preocupación por las actuaciones recientes relacionadas con el caso, luego de que un funcionario de Gobierno solicitara copias del expediente judicial. Ante esta situación, anunció que enviará una carta a dicha autoridad y a otras instancias nacionales para solicitar que se respete y se haga efectiva la determinación judicial.
Carrasco pidió que las autoridades revisen la documentación presentada y, en caso de no existir observaciones legales pendientes, se proceda con el cumplimiento de los mandamientos de desapoderamiento.
Asimismo, los abogados cuestionaron las declaraciones públicas realizadas por el diputado Rolando Pacheco sobre este conflicto. Corrales manifestó que las afirmaciones deben contrastarse con los antecedentes y las resoluciones que cursan en el expediente judicial, y pidió que se realicen las aclaraciones que correspondan una vez que se conozca íntegramente la documentación.
Finalmente, la defensa de Carrasco reiteró que su solicitud se sustenta en las resoluciones judiciales que, según afirmó, se encuentran ejecutoriadas, e instó a las instituciones competentes a actuar dentro del marco legal y garantizar el cumplimiento de las decisiones de la justicia.
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