RADIO RITMO BOLIVIA

En el conflicto del mercado Mutualista están en juego 200 millones de dólares.

Al filo de concluir su gestión, el alcalde Jhonny Fernández es acusado de haber instruido la entrega del plano de uso de suelo y certificado catastral del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, lo que ha generado el rechazo de autoridades y comerciantes que se han declarado en vigilia en puertas de la Quinta Municipal.
El conflicto por la propiedad del Mutualista ha enfrentado al Gobierno Municipal con la familia Crapuzzi en una larga batalla legal. En ese sentido, la concejala opositora Lola Terrazas cuestionó la actuación del alcalde, señalando que no supo defender un terreno de casi cinco hectáreas, cuyo valor ronda los 200 millones de dólares.
De acuerdo con un avalúo, el predio, que cuenta con 33.390 metros cuadrados construidos sobre una superficie total de 44.754,52 metros cuadrados, alcanza un valor comercial de 190.577.640 dólares, equivalente a 1.326.420.376 bolivianos al tipo de cambio oficial. El metro cuadrado en una caseta cuesta 5.000 dólares.
La concejala Terrazas, junto a su colega Luis Alberto Vaca, denunció que el burgomaestre Fernández, en pleno proceso de transición, instruyó dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2024, que concede la tutela del terreno a la familia Crapuzzi.
La orden fue emitida el 6 de abril mediante una comunicación interna dirigida a la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas. Dos días después, la secretaria de esta repartición, Delia Sabina Santos, instruyó a la Dirección de Administración Tributaria la emisión del certificado catastral del inmueble a favor del accionante.
Terrazas señaló que sorprende la rapidez con la que se actuó en pleno proceso de transición de mando. “El alcalde, en los últimos 20 días de su gestión, emite un instructivo a la Secretaría de Administración y Finanzas para que, a su vez, ordene a su dependiente la entrega del certificado catastral y del plano de uso de suelo”, cuestionó.
“Pero no es solamente eso; también ha pedido que se elimine del registro de bienes municipales el patrimonio del mercado Mutualista”, lamentó.
Ayer al mediodía, ambos ediles llegaron hasta las oficinas del Departamento de Planificación para pedir explicaciones sobre los últimos actuados en este caso. Con ayuda de una funcionaria, accedieron a los registros del sistema, donde constataron que el visado del uso de suelo se realizó el 1 de abril, a las 15:00.
“Esto significa que seis días antes de que Jhonny Fernández emitiera el instructivo, ya habían entregado los documentos, como consta en el sistema y en los libros”, afirmó Vaca.
Para el concejal, los funcionarios municipales están actuando al margen de la ley, porque la resolución 189/2023 de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, en su parte conclusiva, establece que se entregue dicha documentación, previo cumplimiento de los requisitos. Vaca considera que tales requisitos no se han cumplido. “En la parte argumentativa dice que esta resolución no reconoce el derecho propietario de los accionantes”, remarca.
‘Mamén’ se pronuncia
Al respecto, el alcalde electo, Carlos Manuel Saavedra, informó que solicitó una pausa administrativa para evitar que se comprometan recursos o se tomen decisiones como las que actualmente se están conociendo en el caso del Mutualista.
"No vamos a permitir que en estos últimos días que le quedan siga dañando a la ciudad. Apenas pasaron las elecciones le pedimos algo simple y responsable: una pausa administrativa para que no se comprometan más los recursos, para que no se tomen decisiones de última hora y, sobre todo, para que no se toque el patrimonio de los cruceños”, enfatizó Mamén.
“Queremos ser claros: los bienes de Santa Cruz no se negocian ni se tocan. Nuestra posición ha sido siempre la misma y no va a cambiar. Vamos a defender cada espacio que le pertenece a nuestra gente”, complementó.
Asimismo, advirtió al alcalde saliente y a los funcionarios municipales que cualquier acción que perjudique a la ciudad será denunciada tanto públicamente como por la vía penal. “Todo lo que se haga al margen del interés de Santa Cruz será revisado y revertido”, concluyó.
La Alcaldía
El vocero del Gobierno Municipal, Bernardo Montenegro, defendió la actuación del alcalde, indicando que existe una sentencia constitucional que obliga al municipio a entregar documentación a la familia Crapuzzi.
“Esta situación pone contra la pared al alcalde Jhonny Fernández, quien enfrenta medidas cautelares por el incumplimiento de este fallo. Si no se da cumplimiento, se van a revertir esas medidas”, lamentó al indicar que a través de las secretarías se dará curso a lo establecido.
Montenegro afirmó que el alcalde ha estado “batallando solo” desde julio de 2024, cuando se emitió la sentencia. “Ha puesto en riesgo su integridad, incluso de ir preso”, sostuvo.
Agregó que desde el municipio se han iniciado “innumerables procesos, sin embargo, lamentablemente el fallo constitucional es irrevisable y de cumplimiento obligatorio”.
El abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, indicó que los terrenos son de propiedad de su cliente y afirma que el municipio pagó por otros terrenos.
“Lo que corresponde es que la Alcaldía cumpla. Hay requerimientos fiscales, porque hemos solicitado que se dé cumplimiento a la ley”, dijo el abogado.
Vía: El Deber

“Un show político” y “un hombre que no sabe nada”: las reacciones tras la interpelación al ministro Medinaceli.

“Un show político”, “un hombre que no sabe nada” y “la gente desaprueba su gestión” son algunas de las frases que reflejan las impresiones de legisladores y políticos tras la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. El proceso, centrado en la crisis de los carburantes, se desarrolló en una sesión maratónica marcada por la controversia.
Pasadas las 01:00 de la madrugada, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) procedió a la votación: de los legisladores presentes, 84 apoyaron al ministro y 58 votaron por su censura, lo que da señales de un bloque oficialista mayoritario. La censura es un mecanismo constitucional que reprueba la política de una autoridad y busca su destitución inmediata.
“Fue una interpelación vergonzosa; información es lo que menos nos ha dado. Ayer mostró más dotes políticas que técnicas. Es un hombre evasivo, que no tiene autoridad, que no sabe nada y que intenta eludir su responsabilidad sobre los carburantes”, cuestionó la diputada Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en Red Uno.
Medinaceli acudió la tarde del jueves de forma sorpresiva a la sesión, la cual se arrastraba con cuartos intermedios desde febrero. La asistencia estuvo precedida por discusiones sobre si se habían cumplido las formalidades de notificación o si se habían agotado instancias previas, como los informes escritos y orales.
Antes y durante la sesión, la autoridad aclaró que, aunque es la cabeza del sector de Hidrocarburos, los brazos operativos son YPFB (responsable de importar, almacenar y despachar) y la ANH (encargada de verificar la calidad en el mercado interno).
A diferencia de Rivero, la diputada Claudia Bilbao, también del PDC, calificó la interpelación de un “show político”, porque el debate debió enfocarse en los contratos petroleros, pero se enfrascó en la calidad del combustible sin una articulación clara del pliego de preguntas.
“Nuestro vicepresidente, Edmand Lara, quería un show. Para mí, el ministro ni siquiera debió asistir porque esto era un espectáculo de Lara y algunos diputados”, afirmó Bilbao en defensa de Medinaceli, quien ejerce el cargo desde noviembre de 2025.
El 3 de febrero, el gobierno de Rodrigo Paz reconoció la distribución de combustible de mala calidad y activó un seguro para resarcir daños. Aunque se modificó el contrato con la firma Vitol para exigir mayores estándares, los transportistas continúan denunciando fallas en sus motorizados.
El Ejecutivo atribuyó inicialmente los problemas a un “boicot” en YPFB y, posteriormente, al robo de combustible en garajes privados de Chile y otros puntos fronterizos, donde cisternas reemplazaban el carburante sustraído por una mezcla de agua y aceite sucio.
Por su parte, el político y empresario Doria Medina, quien ha cuestionado la explicación oficial denunciando compras a precios altos y de baja calidad, señaló que, pese a librarse de la censura, Medinaceli enfrenta una fuerte desaprobación social.
“La gente no aprueba su gestión de los combustibles. Debe hacer cambios importantes para que los bolivianos tengamos más seguridad y menos filas”, publicó en su cuenta de X.
Vía: Visión 360

Bolivia se medirá con la mundialista Escocia en un amistoso en junio en Nueva Jersey.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este jueves en sus redes sociales que la Verde "ya tiene confirmado un amistoso internacional para el mes de junio", con Escocia como rival.
La selección de Bolivia jugará un partido amistoso con la mundialista Escocia en Nueva Jersey, EE.UU., en junio próximo, cinco días antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026.
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este jueves en sus redes sociales que la Verde "ya tiene confirmado un amistoso internacional para el mes de junio", con Escocia como rival.
El encuentro se disputará el 6 de junio en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey y será el inicio de la preparación boliviana "para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030", agregó.
Escocia está emparejada en el grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos y Haití y jugará ante esta última selección su primer partido el 13 de junio en Boston, EE.UU.
Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.
En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por el boliviano Óscar Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron en la final por 2-1 ante Irak.
Vía: Red Uno

El jefe de la ONU condena la agresión israelí en el Líbano como una amenaza a la paz regional.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó inequívocamente los mortíferos ataques de Israel contra el Líbano, advirtiendo sobre el creciente número de víctimas civiles y los riesgos para los esfuerzos regionales de alto el fuego.
La declaración del jefe de la ONU, emitida el miércoles, destacó el devastador costo humano de los ataques del 8 de abril, que dejaron cientos de civiles mu***os o heridos, incluidos niños, e infligieron daños generalizados a la infraestructura civil.
Guterres expresó su profundo pesar por el creciente número de víctimas civiles y rechazó enérgicamente la pérdida de vidas inocentes, extendiendo sus condolencias al gobierno y al pueblo libanés, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos.
El comunicado subrayó que las continuas agresiones militares de Israel en el Líbano representan una seria amenaza para la tregua recientemente anunciada entre Irán y Estados Unidos: un alto el fuego de dos semanas destinado a allanar el camino hacia un acuerdo final para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.
Guterres hizo hincapié en la obligación de todas las partes de respetar el derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, que exige la protección de la población civil y la infraestructura civil. Calificó los ataques contra no combatientes de «inaceptables» y reiteró que «no existe una solución militar» al conflicto.
Por otra parte, España condena los ataques israelíes contra el Líbano y reabre su embajada en Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, criticó duramente el jueves a Israel por violar el derecho internacional y el alto el fuego de dos semanas recientemente negociado en Oriente Medio al llevar a cabo ataques aéreos contra el Líbano el miércoles.
Vía: Tasnim

Trabajadores de salud acatan paro nacional por despidos y falta de insumos.

Trabajadores del sector salud cumplen este jueves un paro nacional en protesta por “despidos injustificados” y la falta de insumos y medicamentos en los centros hospitalarios.
Jenny Arias, ejecutiva nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, denunció que hubo despidos injustificados por parte del Ministerio de Salud y la vulneración del Decreto Supremo 28909. Además, piden insumos, medicamentos y equipamientos para mejorar la atención a la población.
“Hemos decretado un paro de 24 horas para el día jueves, respetando siempre los servicios de emergencia”, dijo Arias.
Asimismo, explicó que con la medida de presión también están reclamando la necesidad de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos en los diferentes centros de salud.
“El sistema está mal, pero no es responsabilidad a los trabajadores, y si los vamos a destituir, vamos a ahondar mucho más los problemas”, acotó.
La medida afecta a decenas de pacientes. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas de La Paz varias personas llegaron desde la madrugada sin conocer la suspensión del servicio, encontrándose con carteles informativos que anunciaban la medida.
En Cochabamba, los trabajadores en salud cumplen además una huelga de hambre por el incumplimiento de sueldos a los ítems IDH de parte de la Gobernación.
En Santa Cruz, los trabajadores en salud cumplieron un paro de 24 horas el miércoles y adelantaron que acatarán la medida nacional de este jueves.
Vía: La Razón

Bolivia rompe el vínculo militar con Irán tras casi dos décadas de relación.

Bolivia decidió poner fin al convenio de cooperación militar con Irán, cerrando así un ciclo de relaciones que se extendió por cerca de dos décadas con los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce). La medida, confirmada ayer por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, se enmarca en un giro más amplio de la política exterior impulsado por la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.
“Hace aproximadamente cuatro meses ese contrato, ese convenio de cooperación militar, ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, dijo la autoridad. Además, descartó procesos sobre los acuerdos “Han sido simplemente concluidos y no existen más”, apostilló el ministro Salinas.
La ruptura no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de revisión mayor que ya había sido anticipado el 10 de marzo por el canciller Fernando Aramayo, quien señaló que Bolivia evaluaba toda su relación diplomática con Irán en medio de un contexto internacional marcado por el actual conflicto bélico en Medio Oriente.
La relación entre Bolivia e Irán se consolidó en 2007, con la firma de acuerdos de cooperación en áreas como hidrocarburos, industria y agricultura. El acercamiento se profundizó en 2008 con la aprobación de un convenio que permitió ampliar la cooperación en múltiples sectores.
Durante ese periodo, el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad visitó Bolivia en al menos tres ocasiones (2007, 2009 y 2012), consolidando una alianza basada en afinidades políticas y en un discurso común alentado por el régimen bolivariano de Venezuela.
Sin embargo, el vínculo no estuvo exento de controversias. En 2011, la visita del entonces ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi —requerido por la Interpol por su implicación en el atentado a la AMIA de 1994— generó un conflicto diplomático con Argentina, que obligó a Bolivia a disculparse.
A pesar de estas observaciones, en 2023 se firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa. El convenio contemplaba asistencia en seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y provisión de equipamiento militar, como drones de combate.
Aunque el gobierno de Arce defendió el acuerdo como una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado, la oposición y analistas cuestionaron la falta de transparencia y advirtieron sobre sus implicaciones geopolíticas. El convenio también generó tensiones con países de la región, particularmente Argentina, que expresó preocupación por el impacto en la seguridad regional por los vínculos de Irán con Hezbolá, una organización considerada terrorista por países de América Latina.
El embajador de Israel concurrente en Bolivia, Gali Dagan, advirtió el 2 de marzo pasado, —en una entrevista con EL DEBER— que la presencia de Irán en la región pudo estar asociada a estructuras de financiamiento y apoyo a organizaciones consideradas terroristas. El embajador evitó dar datos específicos sobre Bolivia al tratarse de asuntos de seguridad nacional.
Hace más de tres años, el 12 de julio de 2022, un avión que fue parte de la empresa Mahan Air, la aerolínea vinculada con las Fuerzas Quds, vinculada a las Fuerzas Revolucionarias de Irán, estuvo por 12 horas en Viru Viru en el contexto de la cooperación de Venezuela con Bolivia, según una investigación de EL DEBER. La nave estaba “marcada” por tráfico de armas con restricciones de vuelo y asistencia en varios países del mundo debido a una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2011. Era un Airbus 340-642 con los sellos de la empresa estatal Conviasa de Venezuela.
El aparato había partido de Caracas. Transportó 190 pasajeros que debían llegar a Ezeiza, Buenos Aires, en un vuelo anunciado como “directo”, pero desviado a Santa Cruz por estas sanciones.
Según otras pesquisas periodísticas, agentes de Hezbolá pudieron interactuar entre 2021 y 2022 con otras organizaciones en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Bolivia. Estos datos no han sido confirmados hasta hoy.
Vía: El Deber

UMSA señala que la gasolina “no cumple con la calidad para su uso en vehículos” tras la toma de muestras.

Los resultados de un “estudio interno” a la gasolina realizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es poco alentador, señala el director de la carrera de Ingeniería Mecánica, Jaime Sánchez. La institución estatal evaluó el carburante tras varias denuncias de sectores del transporte.
“Tenemos resultados en los que, definitivamente, la gasolina no cumple con la calidad que exige el estándar para su uso en vehículos”, explicó Sánchez.
El experto señaló que desde el Viceministerio de Hidrocarburos se comunicaron con la UMSA para obtener mayores detalles sobre el estudio y contar con más elementos del análisis realizado.
“Se han comunicado conmigo (desde el viceministerio), hemos hablado por teléfono un par de veces y han mostrado interés en este tema. Con la información que le vamos a proporcionar, tomará una decisión en el marco de sus atribuciones”, indicó Sánchez.
Además, el experto criticó el trabajo que viene realizando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en los controles a la gasolina y el diésel.
“Lamentablemente, la ANH ha mostrado una inercia total en este tema”, afirmó.
Hace dos semanas, la UMSA emitió un comunicado en el cual exigen que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecute de forma inmediata “acciones de control para asegurar” la calidad de la gasolina que es distribuida en los surtidores.
Además, la UMSA pide a las autoridades de Yacimientos “exigir la devolución íntegra del producto al proveedor, incluyendo el cobro de daños y perjuicios ocasionados a todo el país”.
Vía: Unitel

El Gobierno garantiza la estabilidad del precio de los carburantes este 2026; no habrá ajustes a medio año.

El precio de los combustibles se mantendrá inalterable durante este 2026, a pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional, con el objetivo de brindar certidumbre a la población, informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
“En julio se mantendrá el precio de los carburantes porque sabemos que cualquier variación afecta directamente a la canasta familiar. Lo que estamos haciendo es buscar mecanismos para evitar un incremento”, afirmó en declaraciones a la red Bolivisión.
El 17 de diciembre pasado, mediante el Decreto Supremo 5503, se levantó la mayor parte de la subvención a los hidrocarburos, una medida que se arrastró por más de 20 años y que, para ese año, representaba una carga superior a los $us 3.000 millones para el erario nacional.
Tras una fase de resistencia social, se ajustó la normativa, pero se mantuvo el retiro del subsidio y el consecuente incremento de precios a través del Decreto 5516. Ambas normas establecían un plazo de seis meses para la revisión técnica de los costos.
Medinaceli aseguró que el Gobierno no recurrirá a la posibilidad de revisión, al menos durante toda la presente gestión.
De esta manera, el precio, por ejemplo, de la gasolina especial se mantendrá en Bs 6,96 por litro; el diésel, en Bs 9,80 por litro; y la gasolina Premium, en Bs 11,00 por litro.
“Por el momento, podemos decir que el precio está estabilizado. Este año la población puede estar tranquila; buscaremos los mecanismos necesarios para mantener esta estabilidad”, insistió el ministro.
Los precios internacionales del petróleo han fluctuado al alza en las últimas semanas, superando, en su momento más crítico, los $us 100 por barril, como consecuencia del conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el estrecho de Ormuz.
Sin embargo, una reciente tregua de dos semanas, acordada entre Estados Unidos e Irán, ha tenido un efecto positivo, logrando que el precio internacional comience a descender.
Vía: Visión 360

Paz promulga la Ley 157 que autoriza la reclasificación de la pequeña propiedad a mediana, ignorando observaciones de organizaciones campesinas e indígenas.

Ignorando las decenas de demandas en contra de la sanción del proyecto de Ley 157 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debido a los riesgos de abrir las puertas a la concentración de la tierra en pocas manos, afectando la convivencia de las pequeñas comunidades campesinas, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la norma que permite la reclasificación de la pequeña propiedad a mediana propiedad.
El proyecto de ley fue sancionado en medio de denuncias de organizaciones campesinas e indígenas, además de instituciones que trabajan sobre el tema agrario y campesino, sobre la falta de socialización con los posibles afectados y un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo sobre el tema.
Esta tarde, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que pidió al Poder Ejecutivo devolver el proyecto de ley debido a la “ausencia de un proceso amplio, transparente, oportuno y participativo de socialización del Proyecto de Ley N° 157 con los sectores de pequeños productores agrícolas y ganaderos directamente involucrados”.
Sin embargo, Paz promulgó la Ley 157 que faculta la reclasificación de propiedades rurales bajo la categoría de pequeña propiedad.
“Aquí está la Ley 157 que autoriza al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, permítanme, la voy a firmar acá para promulgarla como ley”, afirmó Paz en un acto realizado en Santa Cruz de la Sierra.
Según una nota informativa de la Dirección de Comunicación (DIRCOM), el primer mandatario participó en varios eventos, entre ellos, el de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), donde expresó su alegría porque esta nueva norma contribuya al desarrollo del país.
Las observaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento antes de la promulgación de la Ley 157, en el marco de sus atribuciones constitucionales y en atención a las preocupaciones de las organizaciones sociales, económicas y productivas del país, ante la inminente promulgación del Proyecto de Ley N° 157.
El documento destaca la importancia de que, en este tipo de procesos, se constituya en una garantía esencial el derecho a la participación y consulta a las organizaciones indígena originario campesinas, particularmente cuando se trata de medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos colectivos.
En ese marco, corresponde recordar que el Estado boliviano tiene obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, entre ellas las establecidas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Al respecto, afirma que estos instrumentos reconocen y protegen los derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, del Pueblo Afroboliviano y de las Comunidades Interculturales, incluyendo su derecho a participar en la adopción de decisiones que les conciernen.
Con esas explicaciones, la institución defensorial instó al Órgano Ejecutivo a hacer uso de la facultad constitucional prevista en el artículo 163, numeral 10, de la Constitución Política del Estado, observando el referido proyecto de ley y disponiendo su devolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a efectos de su revisión y adecuación conforme a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
En la parte final del documento, la Defensoría del Pueblo incluye la lista de 48 organizaciones sociales que agrupan a campesinos e indígenas, que demandan diálogo plural, análisis técnico y la construcción participativa que permita abordar esta temática de manera responsable.
Entre las organizaciones que firman están: Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp); la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP); la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Madre de Dios (FSUTMD); el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II); Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).
También están: la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando “Bartolina Sisa”; Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando (Cimap); Ayllu Yurcuma de la nación Chichas; la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo); la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH); la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cpitco), entre otros.
Instituciones advirtieron de los riesgos de la nueva norma
El exdirector de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, se pronunció sobre la promulgación de la norma y cuestionó que algunos asambleístas y autoridades hayan asegurado que los beneficiarios serían los campesinos e indígenas que trabajan la tierra.
“(Branko) Marinkovic ni pestañeó para decir que “nada tienen que ver los empresarios”. Que la ley de conversión no les interesaba ni les beneficiaba”, publicó en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, observó que: “Los grandes agropecuarios cruceños recibieron a Rodrigo Paz en la feria Agropecruz, la feria internacional para hacer negocios con ganado de alta genética. Rodrigo Paz promulgó la ley en medio de aplausos de ganaderos de élite, cruceños y brasileños. Klaus Frerking, el presidente de la CAO, fue el encargado de agradecer por la promulgación”.
El 27 de marzo, después de la sanción del proyecto de ley, 11 organizaciones especializadas en derecho agrario, derechos indígenas y política de tierras emitieron un pronunciamiento en el que advierten que el proyecto de Ley 157 sienta las bases para una reconcentración de la propiedad de la tierra en el país.
El documento afirma que el PL 157 vulnera el artículo 394, parágrafo II de la CPE, que establece la inembargabilidad de la pequeña propiedad agraria como garantía de su función social y como patrimonio familiar.
“Al eliminar esta protección en la práctica, la norma abre la puerta a que familias campesinas pierdan sus tierras por incumplimiento de obligaciones crediticias, lo que derivaría en una reconcentración de tierras prohibida de manera expresa por el artículo 398 de la Constitución. La tierra dejaría de ser sustento familiar para convertirse en un activo sometido a la lógica del mercado, los bancos y la especulación”, afirma.
También denuncia que viola el artículo 401 de la CPE al suspender por diez años la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES) para las medianas propiedades convertidas, que es el principal mecanismo legal para revertir tierras improductivas al Estado.
“Suspender esta verificación equivale, en los hechos, a garantizar impunidad para el acaparamiento de tierras y habilitar el retorno del latifundio, figura expresamente prohibida por la Constitución”, afirma.
A estas violaciones constitucionales se suma que la norma establece que, para convertir una pequeña propiedad en mediana, se fija un plazo máximo de diez días, bastando una solicitud escrita y una declaración jurada.
Las organizaciones advierten que: “este procedimiento exprés reduce al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a un simple tramitador administrativo, vaciando de contenido su función de control, fiscalización y resguardo del régimen agrario”.
Vía: Visión 360