ISEPCi Salta

Gracias FM Aries por la nota. Cada vez más necesarios estos espacios que brinda el periodismo serio para denunciar la desinformación intencional a la que apela el gobierno nacional con el fin de esconder el deterioro socio económico que sufren las familias argentinas

El tiro de gracia a la integración socio urbana en Argentina

Finalmente, el gobierno nacional libertario oficializó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), medida que echa por tierra cualquier presunción sobre la continuidad, así sea mínima, de la última política habitacional integradora en barrios populares del país.

En el discurso de apertura de sesiones del Congreso, el 1° de Marzo de este año, Javier Milei dijo “eliminamos la obra pública, que era uno de los curros más grandes de la política”. Amparado en el desprestigio -alimentado intencionalmente- que flota en la opinión pública sobre esa actividad productiva, el presidente de la nación ya tenía planificado un nuevo ataque a los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina.
El nuevo objetivo era el fondo fiduciario que durante los años 2021 y 2023 financió obras de integración socio urbana desplegadas a lo largo y ancho de la nación, llevando mejoras profundas en el hábitat de miles de familias vulnerables, en términos económicos y sociales, que viven en barrios populares registrados en el RENABAP.
Es sabido que el desprecio por los sectores populares tuvo su origen en los sectores más conservadores. Sin embargo, la novedad tiene que ver con que éstos últimos, al asumir el poder del estado nacional radicalizaron sus acciones, pero lograron matizar sus efectos en la opinión pública mediante una extraordinaria campaña de desinformación, logrando así que una importante parte de la sociedad adhiriera a una medida, de mínima, injusta.
Para terminar de comprender la trascendencia del FISU, es necesario recordar que hubo un proceso previo a su creación del que participaron una diversidad de actores para desembocar, finalmente en la creación y funcionamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que fue la herramienta necesaria para la serie de inversiones llevadas a cabo en materia social, a través de obras públicas ejecutadas en cientos de centros urbanos, a la vez que se trató de un valioso ejemplo de política de estado eficiente y transformadora en niveles sustanciales.
Tal proceso, tiene su inicio en los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. En ese momento, más de quinientos mil (500.000) hogares se encontraban en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucraba a más de dos millones (2.000.000) de personas. En el año 2013, la organización TECHO impulsó el Relevamiento de Asentamientos Informales en varias ciudades y provincias argentinas, cuyo informe final fue presentado en el año 2016.
En el año 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, se aprobó el decreto 358/2017 que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, conocido como RENABAP que, como resultado, visibiliza la existencia de 4228 barrios populares en todo el país. Este relevamiento fue realizado por organizaciones sociales entre Agosto de 2016 y Mayo de 2017.
El Registro dio la posibilidad de otorgar a cada familia el Certificado de Vivienda Familiar (CVF). Se trata de un documento público que permite acceder de forma igualitaria a los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.) y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. El Certificado representó el preámbulo de la integración urbana, fielmente anhelada por los habitantes de estos barrios informales.
Allanado el camino previo, y con amplio consenso de todo el arco político, en Octubre de 2018 se sancionó la Ley 27.453 de “Régimen de regularización dominial para la Integración Socio-urbana”, entendiendo por Integración Socio-urbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Concibiendo que tales acciones deberían ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
En Diciembre de 2019, el Decreto 819/19 que reglamenta la Ley 27.453, crea no sólo el FISU, sino también la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que sería el organismo encargado de diseñar, centralizar y llevar adelante las políticas y proyectos de integración que se implementarían luego en los barrios identificados por el RENABAP.
Cuando Alberto Fernández asumió el gobierno nacional, la SISU se puso en funcionamiento bajo la órbita del flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y luego pasaría a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero siempre con el mismo fin. La creación de esa secretaría significó una decisión política inédita en la Argentina para dar respuestas a uno de los mayores déficits que históricamente han sufrido los sectores más vulnerables de nuestro país. Fue la primera vez que la integración socio urbana de barrios populares respondió a una verdadera política de estado, cuya potencia fue celebrada por las organizaciones sociales porque se trató de una conquista más en la lucha por el acceso a un derecho humano indiscutible, el derecho a la ciudad.
El flamante gobierno, mediante el decreto 184/2020, estableció que el 30% del 30% del dinero recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) fuera asignado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). A este fondo fiduciario también se sumaría el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario por la pandemia, y otro tanto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta manera, se consolidó el capital financiero necesario para la ejecución de vastas obras de integración de barrios populares en todo el país. A través de diversos programas y líneas de financiación se involucraron estados provinciales, municipales y organizaciones de la economía popular con el mismo objetivo, lograr una profunda transformación urbana y social en los barrios inscriptos en el RENABAP.
La realización de obras de infraestructura para dotar de servicios de agua, cloacas y red eléctrica, a barrios que antes no contaban con ellas o lo hacían de manera irregular, la generación de lotes con servicios, la construcción de redes peatonales con equipamiento urbano, la construcción de equipamiento comunitario para uso cultural y deportivo, la ejecución de instalaciones eléctricas y sanitarias domiciliarias, entre otros proyectos, se multiplicaron a lo largo y ancho del país. Además, se impulsó y concretó la participación activa de organizaciones sociales que permitieron el acceso al trabajo de miles de hombres y mujeres de los mismos barrios, aunque organizados en cooperativas de construcción.
La encargada de administrar los proyectos y obras era la SISU, mientras que la aprobación y financiamiento de los proyectos estaba a cargo del FISU. A lo largo de todo este proceso, vale remarcar transformador, la SISU juegó un rol sobresaliente, llevando adelante un acompañamiento fenomenal, tanto técnico como social, a las organizaciones involucradas. Jamás, al menos en la Argentina, un programa de urbanización y/o regularización dominial tuvo entre sus ejes principales la participación y aprobación ciudadana, como así también la apropiación comunitaria de los proyectos y obras como uno de sus principales objetivos.
Años de exclusión urbana, por fin, eran dejados atrás por muchos barrios informales tales como villas y asentamientos. Dan cuenta de ello, decenas de miles de testimonios de los habitantes de estos barrios en todo el territorio nacional a quiénes esta política de estado les cambió la vida.
Sólo por dar un ejemplo, en la ciudad de Salta, en el barrio Las Colinas, asentado sobre la ladera de un cerro colindante al autódromo Martín Miguel de Güemes, con calles que superan el 17% de pendiente, se construyó una extensa red peatonal compuesta por veredas de hormigón armado, escalinatas con barandas, rampas, terraplenes, muros de contención y nivelación de calzadas. También se realizó la instalación eléctrica domiciliaria completa en las casas que la requerían, inclusive se colocaron pilares de medidor y arbolado público, entre otras actividades. En un barrio donde la red de agua potable no llega a toda su extensión, y hubo que sortear varios obstáculos operativos, la cooperativa que ejecutó la obra trabajó conjuntamente con la comunidad barrial, tarea que se fortaleció gracias a las tareas llevadas a cabo por la organización social responsable de la gestión. A su vez, ésta y la SISU, eventualmente realizaban reuniones participativas donde se valoraba el acceso al derecho a la ciudad por parte de los vecinos y vecinas de Las Colinas. Derecho representado por la llegada de la obra pública con una fuerte impronta social. Se trataba de una política de estado verdaderamente transformadora.
Sin embargo, la continuidad de las obras de tamaño calibre corrían peligro al producirse la asunción de un nuevo presidente, Javier Milei. Por supuesto, cuando se logra equilibrar un poco la balanza para disminuir tanta desigualdad, hay determinados sectores de la sociedad que sienten que sus intereses son afectados y comienzan a actuar en contra, peor aún si esos sectores son quienes administran los recursos de la nación.
A mediados de Febrero del año 2024, se inició una campaña mediática de desprestigio y demonización del FISU, tratado como “caja negra de la política” y acusando sin sustento real pero con un claro desprecio hacia las organizaciones sociales que ejecutaron este tipo de obras. Es así como el, en ese entonces flamante, presidente inmediatamente formalizó el Decreto 193/2024, que redistribuyó los recursos del impuesto PAIS con el objetivo principal de desfinanciar el FISU, y de esta manera frenar toda obra de integración socio urbana. La reforma distributiva ordenó que, en lugar de destinar al FISU el 30% del 30% del impuesto PAIS, pasara a recibir sólo el 1% de ese 30%. Es decir, en lugar de recaudar el 9% del impuesto, recibiría sólo el 0.3%.
A partir de ese momento, el gobierno nacional mandó la SISU al freezer, y ahí la mantuvo durante más de un año hasta que, finalmente el 7 de Mayo pasado, mediante Decreto 312/2025 ordenó la disolución del fideicomiso de administración y financiero FISU, sentenciado así su desaparición definitiva.
Es realmente lamentable que luego de años de esfuerzo de las organizaciones sociales, comunidades barriales, familias humildes y del estado nacional para realizar transformaciones profundas en barrios populares, se vea truncada la continuidad de tanto trabajo que permita llegar a más barrios populares, de los miles que hoy existen en la Argentina. El clima de época que vive nuestro país es muy desfavorable para los sectores más vulnerables, y eso no es novedad. Sin embargo, es importante visibilizar que detrás de un discurso que supuestamente promueve la libertad, se esconde un perverso mecanismo de degradación de las personas que menos herramientas tienen para poder vivir dignamente. Es de muy cobarde atacar a los más humildes. Esto no es más que un claro ejemplo de ello, y van.

Arq. Federico Maigua
ISEPCi Salta

IBP - INDICE BARRIAL DE PRECIOS
Al mes de Abril 2025

La medición de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), del Índice Barrial de Precios de Salta, para el mes de Abril 2025 presenta un valor de $ 468.470,64 para una familia tipo (2 adultos y 2 menores). En el mismo período, la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó $1.068.113,06 para idéntica familia.

Desde que Milei es presidente, el valor de la CBA aumentó un 172,30% y la CBT creció un 188,76%. Mientras que, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) impuesto por el gobierno nacional se incrementó sólo un 107,26%.

En la gestión Milei, ni los salarios le ganaron a la inflación, ni el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC refleja la real pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores argentinos y argentinas.

Basta con comparar el aumento de servicios vitales como transporte, electricidad, gas, combustibles, internet, telefonía celular, alquileres, educación privada, entre otros, con los ingresos familiares, para visibilizar la situación económica y social de la inmensa mayoría de los argentinos.

Reunión de trabajo del área de Hábitat, elaborando nuevos proyectos para las cooperativas de Libres del Sur.

No nos van a vencer! 💪🏽💪🏽💪🏽

IBP - INDICE BARRIAL DE PRECIOS
Al mes de Agosto 2024

La medición de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), del Índice Barrial de Precios de Salta, para el mes de Agosto 2024 presenta un valor de $ 386.740,49 para una familia tipo (2 adultos y 2 menores). En el mismo período, la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $ 858.563,88 para idéntica familia.

La variación mensual de Agosto 2024 con respecto al mes de Julio 2024 fue de 1,48%, tanto para la CBA como para la CBT.

Desde que Milei es presidente, la variación acumulada es del 124,79% en la CBA y 132,11% en la CBT. Mientras que el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) creció sólo un 79,75%.

🔴 El director del @isepcisalta, @federicomaigua, precisó en #LaMañanaDeCNN la cifra de los #aumentos qué se registran desde el inicio de la gestión de @javiermilei 🎙 "Se dejaron de consumir frutas y verduras porque aumentaron un 92% en lo que va de #milei sin diciembre. Se consume más arroz, fideos y crece la #malnutrición, es una #crisis inducida por el #gobierno, un deterioro grave que se ve en los barrios" ⚡️Seguinos y mirá la nota en nuestro canal de #YouTube (bio 👆) ⚡️ #CCNSalta #radio #entrevista #streaming #lamañanadecnnsalta #inflación #recesión #javiermilei #pobreza

IBP - INDICE BARRIAL DE PRECIOS
Al mes de Julio 2024

La medición de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), del Índice Barrial de Precios de Salta, para el mes de julio 2024 presenta un valor de $381.109,66 para una familia tipo (2 adultos y 2 menores). En el mismo período, la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $846.063,44 para idéntica familia.

La variación mensual de julio 2024 con respecto al mes de junio 2024 fue de 7,20% para la CBA y para la CBT 8,17%.

Desde Enero a julio, la variación acumulada es del 56,52% en la CBA y en CBT 64,67% Mientras que la variación Interanual es de 263,91% en la CBA, y de 262,28% en la CBT.

Sin embargo, desde que Milei es presidente, la variación acumulada en la Canasta Básica de Alimentos es de 121,52% y en la Canasta Básica Total, 128,73%. Frente a sólo un crecimiento del 50,20% del Salario Mínimo Vital y Móvil.