Ruben Olarte Reyes

DECLARACIÓN DE APOYO A CAROLINA CORCHO Como ciudadano comprometido con el Gobierno del Cambio y con la construcción de una democracia más justa e incluyente, declaro mi respaldo a...

DECLARACIÓN DE APOYO A CAROLINA CORCHO

Como ciudadano comprometido con el Gobierno del Cambio y con la construcción de una democracia más justa e incluyente, declaro mi respaldo a Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico de este 26 de octubre.

Su trayectoria como médica, exministra de Salud y defensora del derecho fundamental a la salud pública representa la coherencia ética y política que hoy necesita Colombia. Corcho encarna la ruptura institucional democrática: esa decisión valiente de desafiar al poder económico y burocrático que ha secuestrado por décadas las instituciones, impidiendo las transformaciones sociales que el pueblo exige.

Su candidatura no surge de los directorios ni del cálculo político, sino del compromiso con los movimientos sociales, las mujeres, las regiones y los trabajadores de la salud. Su voz es la de quienes han sostenido el país desde la base y reclaman que la dignidad se haga política de Estado.

Reconozco en Iván Cepeda un dirigente de cualidades excepcionales y una vida de coherencia; pero hoy, la historia nos pide dar un paso más: convertir la defensa de los derechos en poder popular. Por eso invito a votar por Carolina Corcho, para que la esperanza del cambio siga viva y avance con decisión.

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Mientras los campesinos colombianos reciben migajas y cargan con el karma de la violencia, las mafias gringas y los circuitos financieros de los Estados Unidos de quedan con más del 90% del negocio de la co***na.

La llamada “guerra contra las dr**as” es, quizá, uno de los ejemplos más claros de cómo la hipocresía internacional convierte un problema de salud pública en un negocio descomunal que beneficia a unos pocos y condena a millones. En Colombia, los campesinos cocaleros reciben apenas migajas, mientras en los Estados Unidos y en los grandes centros financieros se queda la tajada más grande del botín.

Las cifras son elocuentes. Un kilogramo de co***na que en territorio colombiano se paga en promedio a 2.250 dólares, se comercializa en las calles de Estados Unidos entre 28.000 y 70.000 dólares. Esto significa que entre el 90% y el 97% del valor final no regresa jamás a Colombia. De una tonelada que puede valer cerca de 49 millones de dólares en los mercados callejeros de Estados Unidos, nuestro país apenas percibe unos 2,2 millones, repartidos de manera desigual: el campesino productor puede quedarse con menos del 8% de esa fracción. El resto se diluye entre procesadores locales, intermediarios y, sobre todo, los pagos a redes criminales y de corrupción que garantizan la salida del producto.

En cambio, en los Estados Unidos, el negocio se multiplica. Allí no solo se concentra la demanda —motor del mercado—, sino que es en ese territorio donde operan las mafias de distribución, los circuitos financieros dedicados al lavado y los entramados legales e ilegales que logran que miles de millones de dólares fluyan, se blanqueen y se integren a la economía formal. Bancos, inmobiliarias, bolsas de valores y hasta empresas respetables han sido señaladas de facilitar el lavado, sin que ello implique sanciones proporcionales. El doble rasero es evidente: mientras Colombia pone los mu***os y la destrucción social, el capital del narcotráfico circula en Wall Street y en los paraísos fiscales.

La política antidr**as, presentada como cooperación internacional, ha estado marcada por esta contradicción. Se exige erradicación forzada, fumigación y militarización en el sur, pero se tolera el consumo masivo y se protege la estabilidad del sistema financiero en el norte. La descertificación política —esa calificación de “incumplidor” que Estados Unidos endilga a Colombia— no pasa de ser una estrategia de estigmatización: no corta los fondos militares, no reduce la cooperación en inteligencia, ni afecta intereses estratégicos. Se trata de un mecanismo de presión diplomática para "disciplinar" al Gobierno del Cambio y alimentar narrativas de la oposición.

Lo cierto es que, después de más de medio siglo de guerra contra las dr**as, Colombia ha cargado con las consecuencias: desplazamiento forzado, deterioro ambiental, corrupción institucional, as*****tos de líderes sociales y la pérdida de una parte fundamental de su base campesina productiva. Y todo para que el negocio real se consolide afuera.

De allí que la discusión urgente sea otra: cómo transitar hacia políticas soberanas que prioricen la sustitución voluntaria de cultivos, el desarrollo rural y el tratamiento del consumo como un tema de salud pública. Solo así se desmontará la farsa de una guerra diseñada para que unos pocos se enriquezcan y muchos, en Colombia, sigan pagando un alto precio, de "lágrimas sudor y sangre"

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EN 400 PALABRAS RUBÉN OLARTE OPINA QUE...LOS MAGNICIDIOS EN COLOMBIA SE HAN ENCARGADO DE FRENAR LA HISTORIA

Un magnicidio es el as*****to de una figura política o institucional de tal relevancia que su muerte altera el rumbo de una nación. No basta con que la víctima sea reconocida o mediática; se requiere que, en el momento de su muerte, tuviera capacidad real de incidir en las grandes decisiones del país, liderazgo comprobado, legitimidad popular y un proyecto político capaz de transformar estructuras de poder. En Colombia, este crimen ha golpeado sobre todo a dirigentes que buscaban modernizar el Estado y redistribuir el poder en beneficio de los sectores históricamente excluidos.
A lo largo del siglo XX y los inicios del XXI, cinco nombres resumen el drama de un país que ha visto frustradas oportunidades históricas por la violencia política.
Rafael Uribe Uribe (1914)
Abogado de la Universidad Nacional, senador, diplomático y jefe del Partido Liberal. Defensor de reformas laborales y de un Estado moderno, buscó abrir espacios para trabajadores y campesinos. Su as*****to a hachazos en Bogotá truncó un liderazgo conciliador que pudo evitar décadas de confrontación partidista.
Jorge Eliécer Gaitán (1948)
Abogado de la Universidad Nacional y doctor en jurisprudencia en la Universidad de Roma. Fue alcalde de Bogotá, ministro de Educación, congresista y jefe único del liberalismo. Desde el gaitanismo hizo de la justicia social y la lucha contra la oligarquía su bandera. Favorito para las presidenciales de 1950, su as*****to el 9 de abril desató el Bogotazo y una larga y dolorosa época de La Violencia, alterando de raíz la historia del país.
Jaime Pardo Leal (1987)
Abogado de la Universidad Nacional, magistrado y presidente de la Unión Patriótica. Defensor de derechos humanos, denunció el exterminio de la izquierda legal y la violencia contra líderes sociales. Su as*****to el 11 de octubre de 1987 marcó el inicio de la fase más cruenta del genocidio contra la UP, cerrando la puerta a una alternativa política naciente.
Luis Carlos Galán (1989)
Abogado y economista de la Pontificia Universidad Javeriana, fue Senador, Ministro de Educación y fundador del Nuevo Liberalismo. Enfrentó al narcotráfico y a las maquinarias políticas corruptas. Como favorito a la presidencia de 1990, su as*****to el 18 de agosto fue un golpe devastador a la posibilidad de depurar la política colombiana.
Carlos Pizarro Leongómez (1990)
Estudió Derecho y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana. Comandante del M-19, lideró su desmovilización y encarnó la esperanza de una paz negociada. Candidato presidencial en 1990, fue asesinado el 26 de abril en un avión comercial, truncando un proceso clave para la reconciliación y debilitando el impulso de la Constituyente de 1991.
El patrón común: eliminar la posibilidad de cambio
Estos cinco magnicidios comparten un hilo conductor:
1. Lideres conformación académica de alto nivel.
2. Liderazgo probado y legitimidad popular.
3. No eran figuras mediáticas pasajeras, sino dirigentes con arraigo y proyectos estructurales.
4. Compromiso con los sectores excluidos. Desde distintas orillas ideológicas, buscaban redistribuir poder político y económico.
Amenaza real al statu quo. Sus agendas incomodaban a élites políticas y económicas que han mantenido el control del país.
La violencia que los mató no fue espontánea: respondió a la intención calculada de frenar procesos de cambio. En todos los casos, las balas apuntaron no solo a una persona, sino al proyecto de nación que representaba.
Magnicidio no es cualquier crimen político
En Colombia, el término se ha usado con rigor para describir as*****tos que privaron al país de líderes con capacidad real de modificar su rumbo. Usarlo para casos sin ese peso histórico desvirtúa la memoria de quienes sí pagaron con su vida el costo de desafiar las estructuras de poder.
Memoria y presente
Recordar a Uribe Uribe, Gaitán, Pardo Leal, Galán y Pizarro no es un acto nostálgico, sino un ejercicio de conciencia política. Cada uno, en su momento, representó una oportunidad histórica para que Colombia avanzara hacia una democracia más justa e inclusiva. Sus muertes nos recuerdan que el cambio verdadero siempre incomoda a quienes se benefician del inmovilismo, y que, en nuestra historia, esa incomodidad ha sido respondida con violencia.
Honrar su memoria implica mantener viva la lucha por las reformas que ellos defendieron y proteger a los liderazgos que hoy buscan construir un país distinto. Porque un magnicidio no solo mata a un hombre: mata, también, una posibilidad de futuro.

MAGNICIDIOS EN COLOMBIA : CUANDO LA VIOLENCIA SE ENCARGA DE FRENAR LA HISTORIA Un magnicidio es el as*****to de una figura política o institucional de tal relevancia que su muerte altera el rumbo de una nación. No bast...